El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) Elías Lixa Abimerhi denunció que escuelas de todos los niveles educativos violan la ley al exigir actas de nacimiento con una antigüedad no mayor a 90 días, lo cual contradice lo publicado en el Diario Oficial del Estado desde el pasado 19 de junio del presente año, que establece la no caducidad de documentos de identidad aprobada por la LXI legislatura semanas atrás.
Durante la sesión plenaria de este martes, el legislador abordó la máxima tribuna para señalar que escuelas privadas y públicas exigen documentos de identidad con fecha de caducidad, lo cual es contrario a lo aprobado por los legisladores meses atrás.
“Tengo por lo menos cuatro o cinco reportes solo en los últimos dos días de diferentes instituciones que buscan poner una disposición ilegal, pedir documentos de identidad que no tengan más de tres meses de haber sido expedidos, queremos pensar de que se trata de una falta de conocimiento de quienes dirigen estas escuelas”, expuso
Abordado en entrevista el diputado panista comentó que no se trata de realizar un linchamiento público, sino de emplazar a la Secretaria General de Educación de Yucatán y a la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) para que emitan un comunicado donde se informe la nueva norma aprobada por el Congreso del estado.
“Queremos hacer este llamado a la Secretaria de Educación y la UADY de que tienen a su cargo la mayoría de instituciones educativas para que a la brevedad emitan un comunicado a todos sus directores para que dejen de hacer esta solicitud, que es contraria a la ley en Yucatán” precisó.
Aseguró que lo publicado en el periódico oficial del estado establece con claridad la no caducidad de los documentos como actas de nacimientos, matrimonio, divorcio y defunción siempre y cuando se puedan leer a simple vista.
“Los documentos (de identidad) no pierden vigencia por su tiempo, mientras sean legibles se tienen que aceptar, los yucatecos no tienen por qué estar desembolsando cada tres o seis meses por esta contradictoria”, advirtió.
Finalmente manifestó que, si bien podrían hacerse acreedores a una sanción las escuelas o cualquier otra institución, pública y privada que niegue un servicio al exigir documentos con caducidad, el llamado es a difundir la nueva norma antes de buscar otras vías para su cumplimiento.
