La modernidad y el desarrollo de toda sociedad conlleva ajustes y reordenamientos a fin de mantener la sana convivencia social, en el ejercicio cotidiano habrá, sin duda, situaciones que no sean del agrado de algunos sectores. No obstante, los mandatos institucionales tendrán que ser acatados a fin de estar dentro del marco de la ley.
La resistencia de la firma UBER a respetar el marco legal de operación del servicio de transporte a través de las plataformas digitales ha ocasionado malestar y enojo en la sociedad, una vez terminado el plazo para la entrada en vigor del reglamento que rige la operación de las unidades pertenecientes a la novedosa modalidad de solicitar el servicio de taxi.
Cierto es que aún prevalecen algunas tradiciones muy arraigadas en cuanto a favorecer a grupos antaño intocables y que hoy ya no lo son gracias a su misma ineficiencia; sin embargo, no hay argumento que valga a la hora de cumplir y hacer cumplir la ley. Las detenciones de las unidades de UBER a manos de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública son en estricto apego a la reglamentación emitida por la autoridad.
El conflicto entre UBER y la autoridad estatal está siendo capitalizado políticamente por algunos partidos que se han proclamado como defensores de los operadores de esa plataforma, solapando y avalando de esa forma el desacato e incumplimiento de la reglamentación pertinente al caso. De esta forma, un conflicto de intereses meramente empresarial se está convirtiendo en un vulgar botín político.
No resta más que esperar el desenlace de este embrollo, en el que la policía necesariamente deberá ser muy cautelosa y no caer en el abuso de la fuerza en las detenciones que realiza, de lo contrario estaría cayendo en la misma ilegalidad que combate, precisamente, en el momento en que la sociedad ya no aguanta una arbitrariedad más.
