Editorial La Revista Peninsular
La realidad nos exige a
la sociedad, a la Iniciativa Privada, y al gobierno, establecer medidas
concretas para afrontar la crisis ocasionada por el Covid-19. No podemos
limitar el objetivo de estas medidas a la mitigación de contagios, a estas
alturas es imperante comenzar a generar condiciones favorables para el periodo
de reconstrucción que vendrá después de esta crisis, lo cual solo será posible velando
por el bienestar integral de los ciudadanos lo antes posible.
El tiempo para pensar ya
terminó, ahora es tiempo de actuar. Este tema estuvo en el debate mediático por
más de una semana, y permitió que emanaran posturas enriquecedoras por parte de
personajes sociales, y recomendaciones pertinentes por parte del sector
privado; sin embargo, es el gobierno quien debe coincidir con estas ideas, pues
es el único facultado para hacerlas valer por todos.
El gobierno de Yucatán
anunció que gestionaría apoyos para la población consistentes en la condonación
del pago de recolección de basura y agua potable por dos meses, así como el
pago del cincuenta por ciento de los recibos de luz de las viviendas que
mantengan un consumo de hasta cuatrocientos kilowatts por hora.
Mauricio Vila había
destacado en los en los últimos días por mantener una estrategia de
comunicación sólida, a diferencia de la estrategia del gobierno federal que ha
sido calificada como “esquizofrénica” por sostener dos posturas distintas al
mismo tiempo, y ahora se consolida como un referente nacional gracias la
postura proactiva que demostró, lo cual le es útil para restablecer sus índices
de popularidad, los cuales disminuyeron considerablemente desde principios de
año.
El actuar del gobierno
yucateco, si bien es digno de reconocer, implica un impacto modesto debido a
sus limitadas atribuciones legales y a su escueta capacidad presupuestal. Quien
tiene las facultades y los recursos para
generar acciones de alto impacto en la
economía de las personas es el gobierno federal, pero hasta este momento
solamente ha anunciado medidas para reducir el índice de contagios.
Este pasado lunes, el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció la declaración de la emergencia
sanitaria debido al aumento exponencial de casos de Covid-19, y se presentaron
siete disposiciones para enfrentarla, las cuales básicamente prolongaban las
medidas ya estipuladas, del diecinueve de abril al treinta del mismo mes.
Medidas como mantener una sana distancia entre las personas, el aislamiento, el
cierre de trabajos, el cierre de plazas, o la protección a adultos mayores, se
quedan en el objetivo de reducir contagios, pero no contemplan garantizar el
bienestar integral de las personas.
El gobierno federal
difunde de manera implacable el mensaje de que, por la emergencia declarada,
los patrones no tienen sustento legal para correr, retener el sueldo, o
modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores; este mensaje
contempla a todo tipo de patrones, desde pequeños comercios hasta grandes
corporativos. Si bien, a primera vista parece una postura noble, el problema es
que el gobierno no plantea apoyos para los empresarios como prórrogas para
pagos de impuestos, y con el flujo económico actual, el sector privado no
tendrá liquidez para poder pagarles a sus trabajadores.
El gobierno obliga a los
empresarios a lo imposible, y no les ayuda.
Además, el mensaje del
gobierno es superficial al no especificar alternativas de acción para los
patrones ante la imposibilidad de cumplir sus obligaciones, o espacios de
negociación entre trabajadores y patrones para fijar condiciones de trabajo
temporales durante la duración de la contingencia, lo que relega al sector
obrero a un estado de incertidumbre.
No parece haber una
concepción integral del bienestar de la población en las medidas establecidas
por el gobierno federal.
El presidente Andrés
Manuel López Obrador dijo que el próximo cinco de abril, en el marco de su
informe trimestral, presentaría un plan de reactivación económica por el Covid-19.
Esperemos que este plan se traduzca en medidas concretas, y contemple un
enfoque integral, pero sobretodo que esté sustentado en datos reales y
comprobables, pues el gobierno federal tiende a trabajar sobre “cifras
felices”.
Ahora es cuando sentamos las
bases de la dinámica que habrá de seguir la sociedad, las empresas, y el Estado
durante lo que resta de la cuarentena, y comenzamos a moldear el México que
queremos ver cuando termine la tempestad.
Qué tan fuerte será ese
México dependerá de la rapidez y capacidad con la que empecemos a construirlo.
