Por Joel Salas Suárez
Las playas nayaritas han sido noticia en
las últimas semanas, no por su atractivo turístico y riqueza ecológica, sino
por el intento de privatización de la última playa pública de la península y
zona turística Punta de Mita, la playa La Lancha. En noviembre de 2018, la
empresa Ranchos la Lancha Punta Mita S.A. de C.V., filial de Grupo DINE y
concesionaria de la playa, cerró el acceso público a ella. Activistas y
pobladores se enfrentaron por varias horas con los guardias de seguridad
privada que dijeron haber sido enviados por la empresa, estos estaban acompañados
por agentes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y elementos
de la Marina. El caso de la playa nayarita ha cobrado visibilidad después de la investigación de Mexicanos Contra
la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el seguimiento de varios medios locales y
nacionales.
La investigación de MCCI afirma que anteriormente,
en julio de 2018, la PROFEPA anunció el cierre al libre acceso a la playa en un
comunicado señalando afectaciones
a la flora y fauna del lugar, contaminación y uso inadecuado y excesivo de la
zona por parte de surfistas, vendedores ambulantes y visitantes en general. Lo
anterior justificó la clausura y cerco del acceso. La PROFEPA concluyó que
existe un andador rehabilitado por los vecinos del lugar, por el cual se tiene
libre acceso a la playa sin generar un daño al ecosistema, por lo que no se
justifica la existencia del paso clausurado. En el mismo comunicado se enfatizó que la
concesionaria Ranchos La Lancha quedó obligada a reforestar y proteger la zona
hasta lograr su recuperación.
La Ley General de Bienes Nacionales
establece que todas las playas del país son bienes de uso común, de modo que el
público en general puede disfrutar de las mismas. Pero el acceso a la playa
solo está garantizado a los propietarios que viven en el exclusivo
fraccionamiento Punta Mita. En cuanto al cuidado de la zona, MCCI identificó que no hay evidencia de
acción de restauración.
El Pleno del INAI resolvió un recurso de
revisión
RRA 6485/19 al respecto del tema, donde instruyó a la SEMARNAT entregar al
solicitante el documento que verifica la autorización de la secretaría a la modificación
del título concesión en favor de la empresa en cuestión. Esto permitió a la
concesionaria cerrar el libre acceso a la playa. La SEMARNAT dio razones
ambientales para esto y la resolución que concede dicha autorización es pública.
A propósito del voto del INAI y la
relevancia del caso, subrayo que el derecho de acceso a la información (DAI) puede
colaborar a la resolución de este tipo de conflictos socioambientales y aportar
a su resolución tanto para los ciudadanos que no quieren que se limite el
acceso a un espacio que por ley les corresponde, como para las autoridades
cuyas acciones han creado suspicacia, y la empresa relacionada con la clausura
al acceso a la playa. Tener información permite esclarecer la situación de
posesión de la propiedad de los litorales, evidenciar la derrama económica de
los desarrollos inmobiliarios en la zona, tener certeza de que exista una verdadera
derrama económica y que además, no se atente contra los ecosistemas locales.
Asimismo, la información pública puede contribuir a que los ciudadanos
interesados en defender el medio ambiente en esta zona de Nayarit dispongan de
elementos para poder llamar a cuentas a las autoridades y difundir información
que concientice a la población sobre cómo preservar este ecosistema.
El caso de Punta Mita
no es único. De acuerdo con la Alianza de la Costa Verde se han documentado
en prensa al menos 22 puntos rojos en Nayarit donde
existen posibles irregularidades en desarrollos turísticos que afectan
comunidades locales y la preservación de los ecosistemas. La defensa del medio
ambiente requiere de información muchas veces en poder de autoridades, su
publicidad puede representar un paso importante hacia la defensa estos
espacios. El uso del DAI es una alternativa que permite confluir actores
políticos, privados, sociedad civil organizada y pueblos originarios para el
debate participativo de alternativas, la identificación de información
relevante pero faltante, así como facilitar el accionar de la población
afectada.
