Editorial La Revista Peninsular
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó
ante el poder legislativo su “reforma democrática” a finales de abril. En ésta,
propone modificar el sistema electoral y administrativo con el objetivo de
disminuir el costo de la democracia mexicana. Debido a que parece que la
iniciativa será rechazada por lo controversial que son los cambios propuestos y
la actitud hostil demostrada por Morena en contra de la oposición, todo indica
a que el titular del ejecutivo tiene intereses los cuales van más allá de la
aprobación de dicha reforma.
La iniciativa presidencial propone que, para la
elección de los consejeros y magistrados, los tres poderes definan listas de
candidatos y que éstos sean elegidos mediante voto popular. Asimismo, se pone a
consideración del legislativo disminuir el número de consejeros electorales de
11 a 7, crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) para
sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) y federalizar los procesos
electorales con la desaparición de los Órganos Públicos Locales Electorales y
los Tribunales Electorales estatales.
De igual manera, se propone reducir los espacios en el
Congreso Federal y en el Senado; de 500 diputados a 300 y de 128 senadores a
96. Con respecto a la Cámara de Diputados, se modificaría el método de elección
pues los diputados y diputadas ya no serían elegidos por votación directa, sino
por un sistema de listas y proporcionalidad. Los congresos estatales también
tendrían cambios pues, dependiendo de la población de la entidad, deberán estar
conformados por un mínimo de 15 diputados o un máximo de 45.
La “reforma democrática” del presidente también
contempla establecer un máximo de nueve regidores en los ayuntamientos,
implementar el voto electrónico y reducir el porcentaje de participación
ciudadana necesario para hacer vinculante la revocación de mandato. Finalmente,
se propone eliminar el financiamiento ordinario a partidos políticos, lo cual
significa que sólo recibirán recursos públicos en las elecciones.
No cabe duda de que ésta iniciativa tiene puntos que
son interesantes para el análisis, pero que difícilmente será aprobada. La
pretensión de atentar contra la autonomía del INE y de afectar al bloque de
oposición con la disminución de curules en las Cámaras, así como los constantes
señalamientos de “traición” por la reforma eléctrica, han propiciado que no
exista disposición para el diálogo entre las fuerzas políticas. Además, en la
historia reciente de nuestro país, no es común que sea el titular del ejecutivo
quien presente reformas de tal profundidad en materia electoral.
El mandatario mexicano era consciente de que el
escenario político no era propicio para la aprobación de su reforma, pero aun
así la presentó. Por la persistencia del discurso hostil de Morena y aliados en
contra de la oposición, salvo excepciones como el senador Ricardo Monreal,
pareciera que López Obrador no busca lograr consensos para que se apruebe su
reforma. Lo que sí parece buscar es fomentar una narrativa en la cual él busca
reducir el gasto público y eliminar a los legisladores plurinominales, pero el
“bloque conservador” no se lo permite.
Por su parte, los partidos de oposición han anunciado
que presentarán sus propias reformas electorales y en ellas contemplarán el
fortalecimiento del INE y de las instituciones democráticas mexicanas. Ojalá
esto propicie un intercambio de ideas y propuestas que beneficien al país y no
una batalla política entre bloques legislativos.
Dada la relevancia de esta reforma, es responsabilidad
de la población mexicana estar atenta al debate y rechazar los intentos de
polarización por parte de actores políticos. Así como este proceso puede
culminar con un mejor sistema electoral para los mexicanos, también podría
resultar en una sociedad más dividida. Por esto, no hay que olvidar que en las
democracias se vale no estar de acuerdo y es mediante las diferencias que se
construye un país para todos.
