Editorial La Revista Peninsular
Desde hace varios días han sido noticia las medidas tomadas por distintos municipios encaminadas a evitar una propagación de contagios en su comunidad; empezaron con esfuerzos ciudadanos, y ahora son los mismos ayuntamientos quienes se ven en la necesidad de tomar acciones severas para salvaguardar la salud de sus gobernados ante el creciente número de contagios.
El primer municipio del Estado en decretar medidas para limitar el tránsito de su población fue Umán, pero fueron suspendidas al poco tiempo tras una intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) por considerar que el ayuntamiento no era competente para limitar el derecho de tránsito en la manera como lo hizo. Después de esto, los ayuntamientos de Progreso y Kinchil establecieron medidas similares a las suspendidas en Umán, y la Codhey comunicó su intención de seguir el mismo proceso para garantizar los Derechos Humanos de la población en éstas comunidades.
Llama la atención la postura de la Codhey, pues su titular, Miguel Sabido, señaló que la única autoridad competente para declarar un estado de excepción, que permita pasar por alto la garantía de Derechos Humanos de las personas, es el Presidente de la República, con autorización del Congreso de la Unión. Explicó que la comisión es permisiva con respecto a las disposiciones establecidas por el gobierno estatal, porque éstas no limitan completamente el ejercicio de los derechos de las personas, y buscan garantizar el derecho a la salud de la población.
Por ejemplo, de acuerdo a lo declarado por el ombudsman yucateco, la disposición de un solo pasajero en vehículos particulares, y dos pasajeros en vehículos de servicio, limitan parcialmente el derecho de tránsito de las personas, por lo que se pueden permitir considerando que se está velando por la salud de la población. Habrá que ver cuál será la argumentación, por poner otro ejemplo, en el caso de Progreso, pues se podría alegar que igual hay una limitación parcial del derecho de tránsito pues se dispondrá un horario para salir a la calle, entonces no hay una limitación absoluta.
Recordemos que al gobierno de Yucatán se le criticó a nivel nacional por tomar medidas severas que parecían exceder su esfera de competencia, pero era evidente que el gobierno federal se estaba demorando en tomar acciones cuando el virus comenzaba a esparcirse por el país, por lo que el ejecutivo estatal decidió anticiparse para garantizar la salud de su población. El gobierno estatal parecía tener claro que cuándo los hospitales empezaran a saturarse, serían ellos solo quienes tendrían que hacer frente al problema, pues no se había mostrado operatividad federal en ese sentido hasta el momento, ni hasta ahora.
Habrá que ver cuál será postura de la Codhey respecto a los nuevos casos, pues tras admitir que únicamente el ejecutivo federal, con aprobación del legislativo, puede suspender la garantía de derechos, y que ha permitido las disposiciones del ejecutivo estatal pues no hay una limitación absoluta, lo congruente sería que se admitieran las medidas dispuestas por los ayuntamientos, a menos que se alegue una condición jerárquica, la cuál podría ser válida con la argumentación correcta.
La realidad es que Yucatán se ha posicionado entre los Estado del país con más incidencia de contagios a pesar de las medidas de restricción, y se debe a que las personas continúan saliendo de sus casas. Son comprensibles las reacciones de las autoridades, pues a pesar de los múltiples esfuerzos que se hacen para robustecer el sistema de salud, éste no está listo para atender a la cantidad de pacientes que se contemplan en caso de no haber un control de contagios.
Se entiende la preocupación y la reacción de los ayuntamientos para intentar proteger la proteger la salud de los ciudadanos, pues nos encontramos ante escenarios sin precedentes que ponen en riesgo la vida de miles de personas, pero no podemos pasar por alto la necesidad del apego a legalidad en todo momento para evitar cualquier malentendido entre la autoridad y la población.
Independientemente de lo que resuelvan las autoridades correspondientes con respecto a la competencia de los ayuntamientos, los alcaldes pueden hacer uso de sus habilidades de liderazgo y comunicación para despertar en sus comunidades una cultura de responsabilidad, y así propiciar que las personas se mantengan en casa para evitar la propagación de contagios; tarea sumamente complicada, pero nunca más necesaria.
