Sic Sac, por: M.A. Elda Clemente Reyes
La consulta popular para enjuiciar a expresidentes promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue una promesa de campaña con más aceptación entre los electores que votaron por la cuarta transformación el 1° de julio de 2018.
Se programó para el 21 de marzo de 2019 y se modificó la fecha por carecer de la reforma al artículo 35 que regula las consultas populares. Una vez aprobada dicha reforma en septiembre de 2019 se establecieron las bases para implementar este mecanismo de participación ciudadana accesible y ágil.
La recolección de firmas que realizaron por el territorio mexicano morenistas, petistas, asociaciones civiles, colectivos, legisladores federales y ciudadanía en general, concluyó con la entrega al Senado de 2.5 millones de rúbricas del Comité Pro Juicio a expresidentes, que serán validadas por el INE y posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá lo que procede en materia jurídica.
Horas antes del Grito de Independencia AMLO firmó la solicitud de consulta popular que posibilite formalizar investigaciones criminales contra cinco exocupantes de la silla presidencial. Consta de 15 puntos donde argumenta los presuntos actos de corrupción cometidos durante sus administraciones. De lograr el aval del Poder Legislativo y de la SCJN se prevé que se realice el 6 de junio o el 1° de agosto de 2021.
Si bien se escuchan voces a favor y en contra, y algunos argumentan vacíos legales que pueden impedir su viabilidad. Es la primera vez, en la historia de México, que un presidente lo solicita de manera formal pero también no es la primera vez, que la SCJN desecha el procedimiento por no cumplir con el requisito de constitucionalidad.
El primer paso ya lo dieron los ciudadanos al cubrir el máximo porcentaje requerido de firmas. Veremos cuál será la resolución final de este quinto intento, por conferir al pueblo el poder de decidir el destino de un tema de trascendencia nacional que, según algunos juristas, puede sufrir un revés en la Corte. No obstante, será el primer ensayo político a través del cual se pueda canalizar el deseo de la gente de someter a juicio a los exmandatarios, a pesar de saber que la posibilidad de que ocurra es mínima.
Por ello, diputados federales de Morena propusieron someter a consulta popular una Ley de Amnistía para expresidentes que hayan caído en corruptelas, a fin de blindar la consulta para poder juzgarlos.
La amnistía extinguiría las acciones penales respecto de los delitos, pero mantendría vigente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla, así como los derechos de las víctimas. Se espera que sean los mexicanos los que decidan si o no al olvido de los “pecados” cometidos por gobernantes que ocuparon el cargo de 1988 al 2018.
No dudo que la convocatoria sea multitudinaria, pero AMLO tiene que valorar a corto plazo, si el uso de este mecanismo resulta benéfico o puede ser contraproducente, al proyectar consigo el nivel de acompañamiento, confianza, simpatía y el respaldo del pueblo a su gobierno. En noviembre de 2018 en una entrevista para El Economista aseguró que su posición es “otorgar perdón y amnistía política a los exmandatarios, porque en caso de enjuiciarlos, sería apostar a la confrontación”.
Sin duda, la respuesta a la pregunta ¿Está dispuesto el pueblo de México a perdonar a los expresidentes los delitos en los que pudieron incurrir durante su mandato? será un no contundente. Aunque la SCJN ponga un freno, la idea de “sancionarlos” aplicando la Ley de Amnistía, marcará un precedente al poner frente a la opinión pública nacional e internacional a los ex titulares del Poder Ejecutivo, que, toda la vida se mofaron de ser intocables, incuestionables e impunes.
¿Destape en Álvaro Obregón?
Los elogios entre la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores Sanromán, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su visita para supervisar avances de la ampliación Línea 12 del Metro, fue un mensaje directo para los que habían circulado el rumor de un posible alejamiento entre ambos políticos que, durante muchos años compartieron luchas sociales y conflictos poselectorales.
El espaldarazo público a Layda puede tener tres lecturas: un destape para la candidatura a la gubernatura de Campeche, donde encabeza las encuestas; la confianza absoluta en la gestión que viene realizando; o la catapulta a futuros encargos de mayor envergadura.
De confirmarse lo primero, la lista de aspirantes al gobierno del estado, no tendría variación: Layda Sansores, Eliseo Fernández Montufar, Christian Castro Bello, Renato Sales Heredia, Raúl Pozos Lanz, Vania Kelleher, Rita del Río, más los que se agreguen.
