Por: Joel Salas Suárez*.
En
noviembre pasado, el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,
publicó el Plan Nacional de
Paz y Seguridad 2018-2024 con propuestas novedosas para el país con respeto a
la estrategia de los 12 años anteriores, en particular una: introducir esquemas
de justicia transicional para la pacificación del país. La sociedad civil
organizada y organismos internacionales como la ONU saludaron con beneplácito
la posible introducción de este tipo de mecanismos para buscar la verdad, aplicar
la justicia, reparar los daños y garantizar la no repetición a las víctimas,
sus familias y el resto de la población afectada por la violencia en el país.
En
este contexto, el debate público no se hizo esperar. Entre los expertos se
discute, por ejemplo, si conviene crear
comisiones de la verdad a nivel nacional o fragmentarlas regional y localmente, si los
perpetradores de atrocidades como desapariciones forzadas, secuestros y
asesinatos de periodistas serán “perdonados”, si debe cuidarse
de no presentar a la justicia transicional como la panacea para recuperar la
paz,
etcétera. En el diseño de la política pública de justicia transicional no debe
perderse de vista que se detonarán las
preguntas jurídicas y políticas más difíciles que se puedan imaginar. Los
derechos de acceso a la información y protección de datos personales junto con
su adecuada ponderación serán cruciales
para llevar a buen puerto el proceso de justicia transicional en nuestro país
ya que permitirán contar con un punto de partida en común para discutir las
propuestas y para analizar su diseño, implementación y evaluación a partir de
la evidencia.
En
diciembre pasado inició funciones la primera Comisión de la Verdad para atender
el caso Ayotzinapa. En su discurso de
presentación del decreto, el
Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, describió las
generalidades del proceso en las cuales es evidente el papel fundamental que
tendrá la información pública. Se deberá retomar las líneas de investigación
desestimadas por la administración anterior; garantizar transparencia y
rendición de cuentas sobre los recursos disponibles; proveer toda la
información necesaria para esclarecer los hechos bajo la premisa de que no
podrá clasificarse como reservada aquella información relacionada con violaciones
graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, permitir a los miembros
de las comisiones de la verdad el acceso a instalaciones en las que se presuma
puedan encontrarse o pudieran haber estado las personas desaparecidas o vestigios
relacionados con ellos. Como puede verse, las tareas de la Comisión de la
Verdad dependen de la disponibilidad de información pública, con la adecuada
protección de datos personales y, si es necesario y pertinente de acuerdo a lo
establecido en la Ley General de Transparencia, con las reservas que permitan a
las instituciones seguridad el cumplimiento de sus atribuciones.
Los organismos garantes del
acceso a la información pública y la protección de los datos personales en todo
el país somos corresponsables de los procesos de justicia transicional. En el
INAI lo tenemos claro, en el ejercicio de nuestras atribuciones debemos contribuir
al éxito de estos procesos. En primer lugar, porque nos corresponde resolver y
vigilar que los sujetos obligados del gobierno federal no reserven
indebidamente información relacionada con violaciones graves de derechos
humanos. Por ejemplo, apenas el 17 de diciembre pasado
instruimos a la PGR a informar sobre las investigaciones del caso Tlatlaya. En segundo lugar, porque el INAI emite
y vigila el cumplimiento de los criterios para orientar a los sujetos obligados
en la debida protección de datos personales de víctimas y actores
gubernamentales involucrados. Las atribuciones del Instituto también le
permiten transparentar información de manera proactiva que es de interés
público en plataformas accesibles para las víctimas, sus familias y la
población en general, como lo son los proyectos Memoria y Verdad o M68. Incluso podemos ir más allá, gracias a los 28
ejercicios locales de gobierno abierto se pueden constituir espacios
alternativos para preparar los procesos de justicia transicional e impulsar la restauración de la colaboración entre las
autoridades de los diversos niveles, los distintos poderes, la sociedad civil
organizada y la población en general. En el ámbito federal, la construcción de
un nuevo Plan de Acción que debe presentarse a más tardar el próximo 31 de
agosto, puede ser la oportunidad para concretar una serie de compromisos
relacionados a la justicia transicional que involucre a los tres poderes:
ejecutivo, legislativo y judicial.
Construir un México justo es
una labor cotidiana y el INAI en el ejercicio pleno de sus atribuciones
contribuirá día a día a construir un país con comunidades más seguras, sin
impunidad y en paz. En este 2019 reafirmamos nuestro compromiso de garantizar
la disponibilidad de información pública para que tanto autoridades como
población estén informados, tengan un lenguaje común, confíen entre ellos y
muestren disposición para sentarse a la mesa de diálogo a pesar de las tensiones
y antagonismos ya que todos compartimos el mismo anhelo: Un México en paz.
*Joel Salas Suárez
Comisionado
del INAI y coordinador de la Comisión de políticas de acceso, gobierno abierto
y transparencia.
Twitter:
@joelsas
