Por Leo Zuckermann / Twitter: @leozuckermann
Como en todo país democrático-liberal, las personas imputadas
son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Sí, Javier Duarte es inocente… hasta que se demuestre lo contrario. Lo dice nuestra Constitución en su Artículo 20: toda persona imputada tiene derecho “a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”. Así es nuestro sistema judicial que cambió en 2008. Antes, en México, a los indiciados se les solicitaba acreditar su inocencia, fueran o no culpables, en un proceso cerrado y oscuro donde los jueces, en total sigilo, podían declarar la culpabilidad aunque el ministerio público no hubiera comprobado la responsabilidad del individuo en la comisión de un delito. Ahora, por fortuna, las cosas han cambiado. Como en todo país democrático-liberal, las personas son inocentes. Le corresponde a los fiscales demostrar su culpabilidad en un juicio oral, público, continuo y argumentativo. Los juzgadores escuchan los argumentos de fiscalía y defensa para tomar una decisión en consecuencia.
Ya es más difícil, entonces, declarar la culpabilidad de un individuo sin pruebas contundentes. Es lo que está sucediendo con Duarte. Las primeras audiencias en su contra han resultado desastrosas para la fiscalía. La Procuraduría General de la República, que tuvo muchísimo tiempo para preparar las pruebas en contra del exgobernador de Veracruz, ha hecho el ridículo presentando un expediente débil. La defensa de Duarte está de plácemes.
El público, que ahora puede conocer lo que está pasando en el juicio, está enojado porque, en el tribunal de la opinión pública, Duarte ya fue enjuiciado y declarado culpable. Todos —y me incluyo— pensamos que fue uno de los gobernantes más corruptos de la historia reciente. Las múltiples investigaciones periodísticas dan cuenta de ello, en particular la magnífica realizada por Animal Político que muestra el robo de recursos públicos a través de empresas fantasma.
Duarte es corrupto, pero no imbécil. Naturalmente utilizó todo tipo de prácticas para no dejar huellas. Utilizó prestanombres e hizo transacciones en efectivo. No firmaba nada; lo hacían funcionarios de menor rango. En este sentido, sabíamos que no sería fácil encontrar las pruebas de malversación de fondos, peculado, delincuencia organizada y/o lavado de dinero. Pero la PGR tuvo muchísimo tiempo para preparar un caso sólido y desde luego que sabían que lo tendrían que hacer en el nuevo sistema judicial acusatorio.
La pregunta es, entonces, por qué presentaron, de entrada, un caso tan flaco. Hay de dos sopas: por incompetencia o por colusión.
La primera hipótesis no se puede descartar fácilmente. Sabido es que la PGR no cuenta ni con policías ni con ministerios públicos de nivel que puedan preparar casos sólidos. Antes los ganaban porque podían presionar a los jueces para declarar culpabilidad aunque no hubiera pruebas. Total, nadie se enteraba (había que leer decenas de carpetas de fojas en un incomprensible lenguaje jurídico). Ahora, con el nuevo sistema, esto es imposible. La defensa puede cuestionar públicamente las pruebas de la Fiscalía. El martes, de hecho, la PGR se quedó balbuceando cuando lo hicieron.
O puede ser, como muchos piensan, que existe un arreglo entre el presidente Peña (quien sigue siendo el jefe del procurador de la República) y su excolega de partido, Javier Duarte. Que las autoridades estén coludidas con el inculpado presentando un caso flojo para que pueda salir rápido de la cárcel. Esta hipótesis reafirma la idea que muchos mexicanos tienen del PRI como un grupo político donde los corruptos se tapan los unos a los otros.
Sea por incompetencia o colusión, se trata de un desastre para la imagen del presidente Peña, para el objetivo del PRI de retener la Presidencia en 2018 y para el procurador Raúl Cervantes. Recordemos que este funcionario quiere quedarse en el puesto para ser el primer fiscal de la nación ya no dependiente del Poder Ejecutivo. Una actuación deficiente de sus ministerios públicos, que a la postre derive en una sentencia de libertad o de pocos años de cárcel para Duarte, podría convertirse en la prueba de que Cervantes no merece el “pase directo” a una fiscalía independiente.
En cuanto a Duarte, yo estoy convencido de que es culpable. Pero esto es como en el futbol cuando alguien piensa que se cometió un penalti que no se marcó. Puede haber una sabrosa controversia, pero, como bien dicen los analistas futbolísticos, un penalti sólo existe cuando lo pita el árbitro. Aunque nos disguste y creamos lo contrario, el hecho es que Javier Duarte es hoy inocente hasta que la Fiscalía presente las pruebas y convenza a los jueces de lo contrario.
