La Revista Peninsular
Las recientes reformas al poder judicial han acaparado la discusión en las mesas de análisis y los medios de comunicación del país. Este esfuerzo legislativo ha estado en boca de todos no por las bondades que contempla para el Poder Judicial de la Federación (PJF), sino por representar un atraco a la división de poderes y el orden constitucional al pretender prolongar el periodo de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En la madrugada del viernes, horario en el que nuestros legisladores han acostumbrado discutir controversiales iniciativas, se aprobó en San Lázaro la minuta de la Ley Orgánica del Poder Judicial con 262 votos a favor, 182 en contra y 7 abstenciones. Esta iniciativa generó gran polémica pues, de último minuto, se añadió un transitorio por el cual se dispone prolongar de 4 a 6 años el periodo del ministro-presidente Arturo Zaldívar al frente de la SCJN y el CJF.
Diputados del PRI, PAN, MC y PRD acusaron que la disposición contravenía lo expuesto en nuestra Carta Magna respecto a que el presidente-ministro únicamente podrá ser elegido por los miembros del pleno de la SCJN para un periodo improrrogable. Incluso aliados de la Cuarta Transformación como el PES y algunos diputados de Morena se posicionaron en contra de la reforma.
Destaca la participación del experimentado legislador de Morena Porfirio Muñoz Ledo, quien rompió el aislamiento que se había impuesto por el Covid-19 para apersonarse a la Máxima Tribuna del país y expresar que se oponía, de acuerdo a sus palabras, con toda su fuerza y la convicción de su ser a este proyecto por ser inconstitucional.
Es una pena que esta iniciativa se haya manchado por el transitorio previamente mencionado pues representa la reforma más importante que se ha dispuesto para el PJF desde 1994. Gracias al esfuerzo de diversos juristas y expertos en la materia, se diseñaron las modificaciones presentadas en las cuales se dispone mejorar los procesos de expedición de justicia, el sistema de carrera judicial y los órganos de defensoría pública, así como contribuir a la paridad de género y el combate contra el nepotismo.
El ministro Arturo Zaldívar guardó silencio mientras la iniciativa se discutía en el poder legislativo, y no fue hasta su aprobación que emitió comentarios al respecto. Mediante un comunicado que publicó en sus redes sociales, agradeció a los legisladores su compromiso con la aprobación de las leyes reglamentarias del PJF, se deslindó de la elaboración del transitorio que extiende su periodo en funciones y explicó que se había mantenido en silencio por respeto al proceso legislativo.
En el comunicado, Zaldívar aseguró que ejercerá su cargo por el periodo para el cual fue electo sus pares y además estará atento a las acciones legales que se presenten en contra de la disposición, las cuales habrán de ser desahogadas en el pleno de la SCJN. Finalmente, reafirmó que en todo momento defenderá la autonomía del PJF.
El mensaje publicado por el ministro-presidente dejó dudas en algunos sectores pues no decía explícitamente que rechazaba la extensión, pero estas fueron parcialmente disipadas cuando Zaldívar sostuvo en una entrevista posterior a la publicación del comunicado que no tenía interés alguno de permanecer dos años más en la presidencia y que él no ideó el transitorio.
Es importante notar que parece poco probable el hecho de que Arturo Zaldívar haya propuesto la extensión de su propio mandato. No es factible pensar que el ministro-presidente se haya puesto así mismo en esta situación en la cual se trivializa el legado que ha construido a lo largo de su carrera profesional, por lo menos no de una manera explícitamente inconstitucional como ocurre ahora.
En las entrevistas posteriores a la aprobación del transitorio, Zaldívar igual expresó que no veía este proyecto como un intento de violentar el principio de división de poderes o la Constitución. Dijo que lo ocurrido era un proceso legislativo normal que culminaría en una sentencia de la Corte, todo dentro del proceso establecido por la norma. Asimismo, sostuvo confiar en que el asunto será resuelto de manera correcta por sus compañeros ministros.
En un principio, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los opositores a la reforma podían inconformarse ante la autoridad; si esta resolvía rechazar el transitorio, no pasaría nada pues la conciencia de su gobierno estaría tranquila ya que al menos intentaron hacer un cambio. No obstante, días más tarde el presidente rompió toda ilusión de un proceso enteramente autónomo y libre al afirmar que serían cómplices de la corrupción los ministros que voten en contra de la ampliación del plazo de Zaldívar.
Vale la pena señalar que, para aprobar una acción de inconstitucionalidad en contra de una norma, es necesario el voto de por lo menos 8 ministros del pleno de la Corte. En la discusión del transitorio votarán 10 ministros pues Arturo Zaldívar deberá excusarse ya que se tratará un asunto el cual lo involucra directamente. Dado que López Obrador ya propuso a 3 ministros desde el inicio de su administración, existe la posibilidad de que no se logren los 8 votos necesarios para declarar la acción de inconstitucionalidad.
Si no se aprobase la acción de inconstitucionalidad se corre el riesgo de propiciar una crisis de legalidad pues se vulnera el principio de supremacía constitucional al existir una norma secundaria que contraviene a la Carta Magna. Esto implicaría la posibilidad de impugnar todos los actos que realice el presidente-ministro fuera del periodo de 4 años establecido en la Constitución, lo cual debilitaría enormemente nuestro Estado de Derecho al no existir certeza sobre los actos de la autoridad.
A pesar de las potenciales consecuencias, el presidente López Obrador y sus aliados insisten en que la extensión del mandato de Zaldívar es necesaria pues es el único de los ministros capaz de implementar la reforma judicial. Este argumento es insuficiente para sustentar un atraco Constitucional pues es una percepción subjetiva, además de ser insultante para los otros 10 ministros (3 de ellos escogidos por el mismo López Obrador como se dijo anteriormente) pues se les demerita sin prueba alguna.
Lo anterior ha ocasionado que surjan teorías de conspiración sobre presuntos objetivos ocultos de presidencia al promover la extensión del periodo de Zaldívar. Algunos analistas afirman que este no podría ser un “experimento” para medir un futuro intento del presidente López Obrador de mantenerse en el poder debido a que él fue elegido por voto popular, a diferencia de Zaldívar quien fue escogido por el Senado. Sin embargo, es indudable que lo visto hasta el momento ha servido para demostrar qué tan flexible es nuestro marco normativo y nuestras instituciones ante la pretensión de prolongar un mandato constitucional.
Las bondades de la reforma al PJF han sido opacadas por un artículo transitorio que prolonga la gestión del ministro Zaldívar al frente de este poder autónomo. La votación de esta controversial reforma dividió a Morena y a sus aliados, pero de todos modos salió avante en el Congreso federal. Zaldívar afirmó que acataría lo dispuesto por sus pares y estaría atento de la discusión de la constitucionalidad de esta norma en la SCJN. Las presiones por parte del ejecutivo a los ministros contribuyen a la incertidumbre sobre el proceso pues se pone en duda si los juristas actuarán conforme a la ley o al contexto político. Es importante estar al tanto del desarrollo de esta discusión pues está en jaque el orden constitucional mexicano.
