Por: Uuc-kib Espadas Ancona.
El amplio descontento social con el estado de cosas del país, que se focaliza en los políticos y la política, estalla en eventos de distinto tipo y muy diferente alcance. En los últimos días, un grupo de enfurecidos vecinos de Celestún irrumpió en el palacio municipal y jaloneo al alcalde, acusándolo de faltas en su función; en Cancún, una turba linchó sin éxito -mal mató, se decía en yucateco clásico- a un ex-soviético (no se sabe si ruso o ucraniano) psicótico que se grababa insultando y empujando gente por la calle, para luego subir los videos a las redes. El nutriente básico de estos eventos es una larga y honda insatisfacción con las condiciones sociales y económicas en las que las personas se ven obligadas a vivir. El común denominador de éstas es la precariedad material, con la cuál convergen cosas tan variadas como el perjuicio sistemático producido por la corrupción a distintos niveles, la impunidad y ostentación de los privilegiados de la política y el dinero, el cotidiano oprobio de contemplar la opulencia desde la miseria, o el abuso y racismo de muchos extranjeros que vienen a México. Estas tensiones permanentes hacen crisis de vez en vez, dando lugar a hechos como los referidos antes.
Pero el descontento acumulado tiene otros efectos. Incide especialmente sobre las decisiones de una clase política que, carente en general de proyectos programáticos reales, buscan paliar el enardecimiento social con golpes de imagen más que con cambios de fondo. Tal es el caso de la reforma recientemente aprobada por el Congreso del Estado de Yucatán para eliminar el fuero de los representantes populares.
El fuero constitucional, la inmunidad parlamentaria o edilicia, no se identifica, ni en las leyes ni en los hechos, con la impunidad. Lo que significa es que la autoridad que detenta el uso de la fuerza pública -el poder ejecutivo- no pueda detener ni sancionar a quienes forman parte de congresos o cabildos sin que haya una causa grave para ello. ¿Por qué? Porque la ley tiene que garantizar el debido funcionamiento de esos órganos, en los que se deposita la representación de todos los electores. Tiene que evitar que el poder ejecutivo -federal, estatal o municipal- o a través de éste el judicial, puedan alterar la función y representatividad de otro poder -el legislativo- o de un órgano colegiado de representación popular -el cabildo. No puede por tanto permitir, por ejemplo, la deteniendo por asuntos menores y directamente sin fundamento de diputados o regidores. Pero la ley sí permitía actuar contra los electos cuando haya causas graves. Sin embargo, si el ordenamiento se hubiera quedado en eso, hubiera bastado que la autoridad que deseara interferir el funcionamiento del congreso o del ayuntamiento declarara que se actuaba porque se consideró que había causas graves. En consecuencia, la ley depositaba en el Congreso del Estado la facultad de valorar la gravedad de las acciones imputadas a los electos, garantizando así la división de poderes. Hasta acá la ley.
En los hechos, en el México contemporáneo, el fuero constitucional no ha sido, ni siquiera en casos aislados, un instrumento para que nadie logre la impunidad. Simplemente no ocurre. Por el contrario, funcionarios electos de todos los niveles han sido privados del fuero ante acusaciones graves, incluyendo ocasiones en los que, posteriormente, el acusado demostró no ser culpable. La lista incluye casos tan variados como Manuel Muñoz Rocha, por el asesinato de Francisco Ruiz Massieu; Lucero Sánchez, diputada acusada de tener vínculos con el Chapo Guzmán; René Bejarano, por el caso Ahumada o incluso Andrés López Obrador, por desacato.
La derogación del fuero, en la medida en que es recibida por una masa iracunda, es aplaudida con entusiasmo. La aprobación para los políticos por ello generada es, sin embargo, nula. Se recibe con la satisfacción de la afrenta cobrada, bajo la creencia de que se hace a los corruptos más vulnerables a la acción de la ley. Falsa ilusión. El fuero inconstitucional, el que no viene con los votos sino con el dinero y el poder real, no prescribe con los trienios ni puede ser retirado por el Congreso. Ese sí significa impunidad. Hacer hoy más débiles a los electos frente a quienes no necesitan elección no ayuda a que la mayoría de la población mejoré sus condiciones de vida. Por el contrario, fortalece el estado de cosas al hacer más vulnerables a quienes podrían oponerse a él. La derogación del fuero debilita la democracia y resta poder a la gente, aunque el analfabetismo ciudadano permita que una mayoría se entusiasme.
