Por: Joel Salas Suárez.
La información
pública es necesaria como evidencia para implementar políticas que beneficien a
la juventud mexicana, como escribí en mi colaboración
anterior.
También lo es para identificar y eliminar los obstáculos que pudieran surgir
cuando quieran ejercer su capacidad de decidir sobre su
cuerpo, salud sexual y reproductiva. Debido a la falta de información, hay
jóvenes mexicanos que desconocen este derecho y, por tanto, no exigen su
cumplimiento al Estado. Si estuvieran informados, sabrían que pueden ejercer su
sexualidad libremente sin
importar su género, nivel socioeconómico, raza o preferencia sexual.
Afortunadamente,
ya hay quienes llamaron la atención del INAI al respecto mediante un recurso de
revisión (RRA 6502/18). Al resolverlo,
el INAI instruyó a la Secretaría de Salud dar a conocer cotizaciones hechas por
diversos proveedores para la adquisición de métodos anticonceptivos en 2018.
Conocer cómo se administran los recursos públicos para tal efecto y cómo se
cuida el abastecimiento de métodos anticonceptivos servirá para evaluar las
políticas públicas de la materia. Las y los jóvenes,
junto con otros sectores de población, necesitan tener acceso a información veraz y métodos
anticonceptivos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, para prevenir
enfermedades de transmisión sexual (ETS), embarazos no deseados, abortos en
condiciones de riesgo, discapacidad materna, incluso, violencia de género. La información es necesaria también para romper las
desigualdades estructurales.
Según
el IMSS,
30% de los mexicanos entre 18 y 30 años han padecido alguna ETS, debido a la
falta de información para prevenir contagios. Además, México
ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazos de niñas y adolescentes. Hay mujeres en edad reproductiva
que no utilizan anticonceptivos debido a barreras económicas o de género. Las
creencias y los estereotipos influyen en algunos casos, pues las mujeres que no
conocen sus derechos se sienten presionadas por la sociedad para casarse y
quedar embarazadas, o bien, son excluidas cuando no “cumplen” con esta función
o ejercen su sexualidad libremente. En el contexto mexicano, un embarazo adolescente
puede condenar a la descendencia a perpetuar las desventajas que afectaron a
las madres y los padres, aunque casi siempre son las mujeres quienes se hacen
responsables. Estos riesgos son mayores para las personas en situación de
pobreza. Otro grupo vulnerable es la comunidad LGBTTTIQ. La información sobre métodos anticonceptivos puede
serles útil para reducir las posibilidades de ser víctimas de discriminación
debido a prejuicios sociales, por ejemplo, al padecer una ETS.
La información pública también sirve
para evaluar la cobertura de este servicio de salud, como lo demuestra un informe del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. El derecho de acceso a la información permitió saber que los
métodos anticonceptivos disponibles no satisfacen la demanda. Solo los reciben
el 44.5% de las adolescentes, el 58% de las mujeres indígenas y el 64% de
aquellas que viven en áreas rurales. La provisión recae casi por completo en el gobierno federal. Hay gobiernos estatales
como Puebla y Veracruz que en 2017 no tenían anticonceptivos para dar a sus
jóvenes. En otros estados cuentan con ellos, pero no alcanzan; en promedio se
otorgan 0.07 anticonceptivos por adolescente en Quintana Roo y 0.23 en Yucatán.
En otros casos, el acceso no es posible debido a la falta de traductores que
orienten y apoyen a las personas que no hablan español, principalmente en
estados como Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato y Quintana Roo.
Los jóvenes mexicanos deben contar
con la información pública que les permita conocer sus derechos para ejercerlos
plenamente y al hacerlo, ser dueños de su salud, su vida y su futuro, que es el
futuro del país. La información pública accesible, que permite a la población
conocer y ejercer sus derechos, es un instrumento para construir un país más
justo y menos desigual; también permite que la sociedad exija a las autoridades
que tome las acciones para que sus derechos sean una realidad. En síntesis, la
información pública accesible colabora a construir un país con una población
que exige y vive sus derechos.
*Joel Salas Suárez
Comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de Políticas de
Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia.
Twitter: @joelsas
