La revista peninsular
Colombia se ha empapado en sangre durante los
últimos días a raíz de las manifestaciones convocadas en contra de la reforma
fiscal propuesta por el presidente Iván Duque. Ante la congregación de decenas
de miles de personas en distintas ciudades del país, el gobierno ha respondido
con duras represiones las cuales han provocado muertes, heridos, detenidos,
desaparecidos y abusos sexuales.
Las protestas iniciaron el pasado 28 de abril y su
objetivo era presionar al Congreso para que no aprobara las reformas fiscales
propuestas por el presidente colombiano. Estas reformas consistían en aumentar
impuestos a productos y servicios, así como el gravamen sobre la renta, con el
fin de tener los recursos necesarios para sostener programas asistenciales.
Sectores sociales y aliados políticos del presidente
rechazaron la propuesta desde que fue presentada por considerarla inoportuna.
Si bien, es cierto que el gobierno colombiano necesitaba aumentar la
recaudación pues la pandemia mermó el presupuesto público, decidir aumentarle
los impuestos a una clase media cuyos ingresos se vieron afectados por la
crisis económica únicamente podía generar el descontento de la población.
La violencia en las manifestaciones se hizo sentir
desde el primer día. La gran mayoría de quienes acudieron a la convocatoria
protestaron de forma pacífica; sin embargo, actos aislados de vandalismo
hicieron que el gobierno decidiera reprimir a los ciudadanos, lo cual ocasionó
confrontaciones entre civiles y elementos de seguridad. El conflicto se tornó
particularmente violento en la ciudad de Cali por lo que se desplegó a
militares para intentar, sin éxito, controlar la situación.
Al menos dos personas perdieron la vida en este
primer día de protestas, aunque hay organizaciones civiles las cuales afirman
que la cifra es mayor.
El 2 de mayo, después de cuatro días de
manifestaciones y por lo menos seis muertos, Iván Duque retiró su reforma
fiscal, pero esto no tranquilizó los ánimos de la gente. Tampoco apaciguo las
protestas la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien era
considerado el arquitecto de la controversial reforma.
Los colombianos se mantuvieron en las calles con un
espíritu férreo pues su ira solo aumentó con la represión armada a la que
fueron sujetos. Una de sus nuevas demandas fue la desintegración del Escuadrón
Móvil Antidisturbios (ESMDA) ya que desde hace años existen múltiples quejas
contra este organismo por abuso de poder, específicamente por violaciones a
menores y la ejecución de civiles a quienes hicieron pasar como guerrilleros.
El ESMDA es responsable de mucha de la sangre que ha corrido en Colombia
durante la última semana.
Es complicado saber cuándo terminaran estas
demostraciones civiles pues, además de las ya mencionadas, los manifestantes
tienen exigencias respecto a varios temas, entre los que destacan cambios a las
políticas de militarización, medio ambiente, energías y el proceso de paz. El
panorama es sumamente preocupante cuando consideramos que el gobierno
colombiano ha asumido institucionalmente una postura de represión y ha
enaltecido la violencia de los elementos de seguridad.
El ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó que
se están tratando las manifestaciones como una “amenaza terrorista” pues, según
sostuvo, ex integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) y actuales miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se
encontraban en las protestas con la consigna de asesinar policías. No obstante,
pareciera que la represión tiene el objetivo de desincentivar la participación
en las demostraciones ya que solo una de las más de veinte muertes reportadas
fue de un elemento de seguridad y se ha asesinado a civiles en al menos ocho
ciudades colombianas.
Organizaciones No Gubernamentales y la misma
Organización de las Naciones Unidas han externado su preocupación por lo que
ocurre en Colombia. Esta última reprochó que los policías abrieran fuego
indiscriminadamente en contra de los manifestantes y que observadores de
Derechos Humanos hayan sido violentados por la autoridad. También compartió que
se encontraba documentando los excesos perpetrados durante las protestas, entre
los cuales se han identificado casos de abuso sexual por parte de los
uniformados en contra de civiles.
Asimismo, en redes sociales y medios de comunicación
de diversos países se han dispuesto mensajes de solidaridad por lo que está
ocurriendo en Colombia. Esto tomó auge tras la difusión de imágenes en las
cuales se observa la represión que ejercen las Fuerzas Armadas contra los
colombianos e incluso existen videos de perversos asesinatos de menores de edad
a manos de los policías.
Los colombianos tomaron las calles como protesta
ante una reforma fiscal que pretendía aumentarles los impuestos. El gobierno
respondió con una severa represión la cual propició que las manifestaciones
abarcaran nuevos temas, por lo que la simple cancelación de la reforma fue
insuficiente para tranquilizar a la gente. Debido a cómo se encuentra la
situación actualmente, pareciera que este conflicto solo puede empeorar pues el
gobierno colombiano no da muestras de querer relajar la fuerza de sus elementos
de seguridad, lo cual es lamentable.
Desde La Revista Peninsular nos unimos a las
muestras de solidaridad expresadas para nuestros hermanos colombianos y
lamentamos las muertes de quienes hoy se han convertido en mártires de su
libertad y dignidad nacional. Nuestro único deseo es que el conflicto se
solucione pronto y de manera pacífica, aunque parece difícil cuando el gobierno
apuesta por conseguir paz con plomo.
