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Enrique Vidales Ripoll
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Yucatán fortalece su marco jurídico.

Por: Enrique
Vidales Ripoll.

@chanboox /
http://www.chanboox.com

Esta
semana se han dado importantes resoluciones legales y judiciales que marcan un
rumbo de certeza jurídica para la entidad en diferentes aspectos.

Iniciamos
con las reformas legales aprobadas por el Congreso del Estado de Yucatán. Desde
el viernes pasado se enfatiza en la importancia de cuatro iniciativas de ley
aprobadas por el Poder Legislativo de Yucatán: (1) la eliminación del fuero a
funcionarios públicos estatales, (2) la reducción del 50 por ciento de
financiamiento a los partidos políticos, (3) la eliminación de las pensiones a
ex gobernadores y (4) la anulación de caducidad a las actas de nacimiento.

El
fuero constitucional consistía en una protección que los funcionarios públicos
gozaban para impedir que por acciones judiciales se ejerciera presión para
reorientar las decisiones o acciones políticas en un sentido. Esto no cancelaba
la capacidad de denuncia. El punto es que mientras se gozará del privilegio del
fuero los procesos judiciales quedaban estancados. Tenía que suceder dos cosas:
esperar que se terminará el periodo de gestión del puesto para ejercer una
acción penal o, en otra opción, solicitar al Congreso local un juicio de
procedencia para eliminar al funcionario cuestionado el fuero y entonces
permitir su disposición procesal.

En
algunas partes del mundo, especialmente en Europa los legisladores mantienen el
fuero durante el periodo de discusión y decisión parlamentaria. Esto para
prevenir que alguna fuerza coactiva intente intervenir como presión para
definir el sentido de voto de los legisladores.

En
nuestro país, el fuero de ser una protección que asegurará y diera certeza
jurídica se convirtió en sinónimo de impunidad. Una carta blanca para ejecutar
actos protegidos por una figura que impedía la acción judicial contra la
persona que en funciones de cargo público cometían delitos.

Tenemos
ahora el caso del alcalde de Celestún a quien acusan de vender terrenos de
propiedad privada a otros sin derecho y, para rematar, se le vincula con una
bodega donde se descubren varias toneladas de pepino de mar y varios millones
de pesos. Es inadmisible que se quede impunes hechos presuntamente delictivos
solo por ostentar un cargo.

Con
respecto a la reducción del financiamiento a partidos políticos se destaca que
el destino del recurso que no se entregará se destinarán para el CAIMEDE. Con
esto se beneficia un organismo del estado que se encarga de proporcionar una
mejor calidad de vida al menor desamparado. Un acto de justicia social
necesario que reoriente un gasto hacia un sector vulnerable.

Se
reconoce que los legisladores escucharán a los ciudadanos sobre la demanda de
eliminar la pensión a ex gobernadores. El punto no es que la tengan. Al final
es un trabajo y por derecho fundamental se debe gozar en el retiro de una
calidad de vida decorosa. El problema era los altos pagos por conceptos de
pensión adjuntado a otros privilegios que resultaban molestos para los
ciudadanos que por muchos años trabajan y no logran llegar a ese estándar de
vida.

Finalmente,
es gran noticia que las actas de nacimiento dejen de caducar. En la realidad es
un documento que no experimenta cambios, por lo cual resultaba ilógico que se
tuviera que estar actualizando cada vez que se hiciera un trámite
administrativo. Era una carga por la tramitología y el costo del derecho. Ahora
habrá un ahorro de tiempo y economía.

Otra
de las decisiones importantes fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) con respecto al tema Uber y la ley de transporte público de
la entidad. Como máxima autoridad judicial la Corte validó los términos de la
legislación en transporte público relacionadas con las plataformas
tecnológicas. Hay obligación de no solo inscribirse, sino también, de cumplir
con los requisitos establecido en la ley.

Uber
tuvo su oportunidad procesal y acudir a la Corte para decisión cuyo resultado
ya no les fue favorable. Hoy debe acatar la decisión, pedir su registro y
cumplir con la ley.

Esto
da ya certeza jurídica a los usuarios de las plataformas tecnológicas. Ya no
hay pretexto alguno, mientras no se registre Uber es ilegal. Ya no se podrá
considerar ilegal ni atentado la detención y decomiso de los vehículos.

AL CALCE.- Hoy estamos
observando ineficiencia en la comunicación entre las autoridades o dependencias
con los ciudadanos. Ante el apagón de la semana la CFE fue muy escueta en la información
que dio a conocer sobre el problema. De una falla, tal y como inicialmente lo
anunció, en las redes sociales se discutía sobre un atentado y otras causas. Es
importante que el flujo de información sea claro y preciso. Que no produzca
ambigüedades ni deje margen a la especulación. Si esto le sucede a una empresa
de clase mundial… que debemos esperar de quienes no lo son.

Enrique Vidales Ripoll
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