Por Enrique Vidales Ripoll
Uber llegó y debe quedarse. No me queda duda que cualquier buena idea que signifique un emprendimiento que produzca bienestar en la población debe ser apoyado.
Eso se entendió y se actuó en consecuencia en la entrada de Uber y las otras plataformas electrónicas para otorgar servicio de transporte privado. Más allá de otros estados e inclusive países, donde se han impuesto la restricción total a Uber, en Yucatán se ha dado una viabilidad jurídica sin perder la facultad que tiene el gobierno estatal de garantizar el interés público del transporte de personas.
La llegada de Uber significó el advenimiento de otras empresas que vienen a revolucionar el servicio de transporte de pasajeros. Una transformación a los esquemas tradicionales, corporativos y cooperativos que han caracterizado la prestación del servicio de taxis en el mundo entero.
Es de esperar que existan resistencias ante cambios sociales. Mucho más de quienes por años se han organizado y prestado el servicio de taxis. Es obvio que hay no solo intereses económicos sino también políticos. Por ello se han dado situaciones de violencia y protestas en casi todos los lugares del mundo donde se abren nuevas opciones y alternativas de empresas para prestar ese servicio.
En el caso de Yucatán gracias a Uber llegaron otras empresas que igualmente ofrecen alternativas de trabajo como de prestadoras del servicio de taxis. En correspondencia a la necesidad de dar certidumbre jurídica para todos se cambió la Ley de Transporte Público que exige el registro de las plataformas y una serie de normas que buscan garantizar que el servicio sea rentable y seguro.
Esto se opone a los intereses de Uber que desea mantener abierta las condiciones para que cualquier persona pueda ofrecer un servicio, sin importar con ello la saturación del mercado en detrimento de una ganancia real del operador. Un esquema donde la empresa no pierde ya que siempre se quedará con la parte que le corresponda sea uno o más de 100 vehículos.
Hay que considerar que todos los gastos operativos como gasolina, el mantenimiento y deterioro físico y monetario del vehículo, las “agüitas” para los clientes corren a cuenta del operador. La parte que se lleva Uber es para la empresa. Un capital que sale del país, que no se queda la riqueza que gana la empresa en el estado en Yucatán. Un esquema que no más beneficios al trabajador, al cual no le pueden garantizar un mercado estable y competitivo.
En el contexto del marco legal, el registro ha sido cumplido por las otras plataformas electrónicas. El problema es con Uber, así como también ha sucedido en otras partes del mundo.
Parece que Uber se está especializando en rebeldía e ir contra el sistema. Se entiende esa postura, pero no se justifica. Es importante destacar que es una empresa que está entrando no solo en un mercado sino también en una cultura y marco jurídico específico. Lo sano es que cumpla con la ley, con el marco jurídico.
En días pasados me atreví a publicar en el Facebook que la solución era que los chóferes de Uber se registraran. Un usuario me indicó que no se podía por si solos, sino que dependía de los representantes. Entonces, increpé en que se exija a esos representantes que cumplan con la ley.
Como si fuese un sentido común, si alguien llega a mi casa y es bienvenido, es claro que no es tolerable que imponga sus maneras de pensar e intereses. La inversión y la introducción de nuevas empresas que surgen de la competitividad e innovación global es bienvenida en México y sobretodo en Yucatán. Ello genera beneficios sociales y produce más empleo.
Se podrán imponer beneficios para el establecimiento y consolidación de presencia; pero es inadmisible, que se deje hacer lo que uno quiera. Menos ir en contra de la ley.
Uber llegó y se debe quedar. Pero eso no implica incumplimiento de la ley.
Seamos congruentes, no podemos estar en contra de la impunidad, dejando impunes en el cumplimiento de la ley a los sujetos que están obligados a hacerlo.
Al calce. Los mexicanos tenemos un concepto de corrupción a modo. En primera instancia estamos convencidos que los actos deshonestos que se consideran corrupción son responsabilidad de los funcionarios, gobierno y clase política. En segunda instancia la deshonestidad mientras no sea en contra de uno, la aceptamos y toleramos. Otra forma de consolidar la corrupción es invitar a la violación sistemática de la ley. La ley, aunque sea dura, es ley. Más cuando surge por un factor de cambio social y se adecua a la realidad, respondiendo a una necesidad social en beneficio de interés público, cumpliendo con los procesos institucionales para su creación.
