Razones, por: Jorge Fernández Menéndez.
La
historia del avión presidencial opacó, incluso, una de las pocas y
trascendentes buenas noticias que hemos tenido en los últimos tiempos: la
aprobación del T-MEC por el Congreso estadunidense.
La rifa del avión presidencial es una ocurrencia digna
de los memes y las bromas que han poblado medios y redes sociales en México y
en el mundo, pero es una demostración más de que cada vez que se viven
situaciones complejas, el presidente López Obrador tiene la astucia de sacar un
tema polémico, muchas veces ridículo o insólito, que cambia el curso de la
discusión pública y nos instala en el debate de las banalidades.
Mientras ridiculizamos la rifa del avión o discutimos
sobre dónde lo vamos a estacionar cuando nos lo saquemos, se apagó el debate
más importante que teníamos desde el primero de enero, el desastroso inicio del
Insabi, que ha dejado sin acceso a la salud a millones de mexicanos, en una
implementación de políticas públicas mal planificada, la peor en décadas.
Mientras la rifa del avión presidencial ocupaba
páginas y se convertía en tendencia en redes, nos olvidamos de que la semana
pasada estuvo a punto de ser presentada, en el Senado de la República, una
reforma al sistema judicial, la cual obligaría a numerosos cambios
constitucionales y que acabará, si se presenta como venía en los documentos
preliminares, con el actual sistema penal acusatorio (en el cual el Estado debe
demostrar la responsabilidad del acusado de un delito) por el anterior, casi
inquisitorial, en el cual es el acusado el que debe demostrar su inocencia.
La propuesta que está elaborando la Fiscalía General
de la República, según los documentos filtrados, incluye reformas tan
controvertidas como la extensión de la figura del arraigo a todos los delitos
(eso implica que ante una investigación se puede ser detenido hasta por 40 o
hasta 80 días sin necesidad de acusación formal). Se eliminarían los jueces de
control, lo que implica que una misma persona controlaría la legalidad de la
detención, dictaría las medidas cautelares, presidiría el juicio y dictaría
sentencia.
La propuesta de reforma establece la posibilidad de
intervenir comunicaciones privadas en asuntos electorales y fiscales. La
designación de jueces y magistrados la haría el senado, politizando esas
designaciones, en lugar del propio poder judicial. Y esa es sólo una primera
aproximación. Este es uno de los temas más importantes que tendremos que debatir
en mucho tiempo, porque podría acotar radicalmente los derechos individuales.
Mientras nos divertíamos o indignábamos con los
absurdos dislates de una diputada poblana de Morena, Nay Salvatori, que asegura
que el TP01 es “el avión más caro del mundo”, nos olvidamos que esta misma
semana se informó que en diciembre se perdieron cerca de 400 mil empleos
formales, que un comando quemó a todo un pueblo en Chihuahua y que en Guerrero,
en Chilapa, fueron asesinados diez músicos indígenas.
Los chistes y memes sobre el avión ocultaron la
reunión del jueves del procurador de Estados Unidos, William Barr, con el
gabinete de seguridad. Es la segunda vez en un mes que Barr viene a nuestro
país y resulta evidente que más que a establecer sistemas de cooperación viene
a supervisar. Coincidiendo con la anterior visita de Barr, se dio la “fuga” de
Evo Morales y la detención de Genaro García Luna en Dallas (una operación
realizada en solitario, hay que insistir en ello, por el departamento de
justicia que encabeza el propio Barr).
Varios temas trajo el fiscal en su agenda, el
principal, lo mismo que el mes pasado, el del combate al tráfico de fentanilo y
a los grupos criminales en nuestro país.
Recordemos que, coincidiendo con la visita anterior,
Trump suspendió la declaratoria de grupos terroristas a los cárteles del
narcotráfico, pero dio un plazo para ver reducido el tráfico de esa droga que
dejó 70 mil muertos por sobredosis el año pasado en la Unión Americana. Eso
obligó a revisar y reactivar planes de lucha contra el narcotráfico en México
pero no se han visto, aún, resultados notables al respecto.
Barr trajo denuncias concretas sobre las complicidades
en el tráfico de fentanilo y espera resultados. También querer reactivar la
Iniciativa Mérida, para poder focalizar apoyos en ese sentido, pero la
administración López Obrador sólo quiere reactivarla si esos apoyos se entregan
en dinero contante y sonante.
Pero en el camino perdemos el acceso a equipos,
recursos y formación profesional.
La historia del avión presidencial opacó, incluso, una
de las pocas y trascendentes buenas noticias que hemos tenido en los últimos
tiempos: la aprobación del T-MEC por el Congreso estadunidense.
No
nos engañemos: la rifa del avión es parte del telón de humo cotidiano que nos
aleja de la realidad.
