Editorial La Revista Peninsular
Éste lunes culminó un funesto capítulo en la democracia de nuestro país luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara la controversial “Ley Bonilla”, la cual pretendía ampliar el periodo de mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de dos a cinco años, lo que hubiese creado un peligroso precedente en sistema jurídico mexicano.
La “Ley Bonilla”, que propiamente no es una ley sino una reforma a la constitución local, fue aprobada en julio del año pasado durante una sesión extraordinaria llevada a cabo por el Congreso local; ésta fue celebrada en la noche y en una sede alterna, como si los legisladores hubieran pretendido esconder la ilegalidad de su actuar en la oscuridad noctámbula y muros ajenos.
Hubo gran controversia en torno a ésta votación, pues distintos líderes políticos denunciaron que Bonilla y sus colaboradores ofrecieron sobornos de miles de dólares a los diputados que aprobaran la ley.
Cabe mencionar que la legislatura que aprobó ésta reforma no es la actual, si no la anterior; comentario importante, porque la legislatura pasada estaba compuesta en su mayoría por diputados panistas, quienes fueron el factor determinante para la aprobación de la ley que habría de favorecer al gobernador de Morena, Jaime Bonilla. De hecho, tras la aprobación de la reforma constitucional, el PAN inició un proceso de destitución en contra de sus diputados.
Vale la pena recordar que para estos tiempos, hace casi ya un año, el tema de la reelección tenía amplia relevancia en la discusión pública, pues se sospechaba que la “Ley Bonilla” era una forma en que nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, medía la factibilidad de ampliar su propio mandato; en ese entonces López Obrador gozaba de una aceptación mucho mayor a la que recibe ahora, situación que hacía parecer viable que la “Ley Bonilla” pudiera prevalecer. Debido a la especulación generada, el presidente firmó una carta notariada en la que supuestamente afirmaba no pretender reelegirse, pero en la misma redacción de la carta se abría a sí mismo la posibilidad de hacerlo al escribir que “el pueblo pone y el pueblo quita”.
También por estos tiempos, hace casi un año, el entonces gobernador de Baja California, Francisco Vega, había declarado que no tenía intenciones de publicar la “Ley Bonilla”, ya que, si bien el poder legislativo es el encargado de crear leyes, le corresponde al ejecutivo publicarlas en el Periódico Oficial del Estado, y esta reforma a todas luces era inconstitucional y antidemocrática. Sin embargo, el exgobernador rectificó su postura, porque si la reforma no se publicaba, no podría ser sujeta a discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ésta institución no puede discutir sobre algo que aún no existe jurídicamente.
Así, una vez publicada la “Ley Bonilla” en octubre del año pasado, se abrió la puerta para que partidos políticos e instituciones pudiesen promover los recursos pertinentes ante la Corte, como lo hicieron el PAN, el PRI, el PRD, el Movimiento Ciudadano, el Partido de Baja California, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En respuesta a estas inconformidades, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió de manera unánime invalidar la “Ley Bonilla”, con lo que consolidó su imagen como contrapeso político autónomo, y salvaguarda de nuestra Carta Magna.
Fue el ministro José Fernando Franco González Salas quien redactó el proyecto que invalidó la controversial ley, argumentando, entre otras cosas, que la reforma constitucional violentaba el voto de las personas, ya que todos los ciudadanos tienen derecho a saber el período específico por el que los gobernantes que eligen han de ejercer sus funciones, y los legisladores de Baja California modificaron el periodo de Bonilla después de que los ciudadanos emitieron su voto.
También se violentó el principio de irretroactividad, que le impide a los legisladores legislar hacia el pasado; así como se violentó el principio de no reelección al extender el periodo de una administración, cuando éste ya estaba definido. De igual manera, se violó el derecho de las personas de votar y ser votados, ya que se le pretendió privar a los ciudadanos de Baja California el poder ejercer su voto en el 2021, o aspirar a ser candidato para esas elecciones.
Por su parte, Jaime Bonilla aseguró que acataría la decisión de la Suprema Corte, pero compartió que no estaba de acuerdo con los argumentos presentados. Según el gobernador, la reforma constitucional no violaba ningún artículo en concreto de la Constitución, además de considerar que la ampliación de mandato era correcta, pues cuando él se inscribió a la convocatoria el periodo establecido era de cinco años, y no de dos.
La realidad fue que una vez que el Instituto Estatal Electoral de Baja California emitió la convocatoria para la elección a gobernador por un periodo de dos años, se presentó una iniciativa para ampliar el periodo a cinco años, y ésta fue admitida en la convocatoria, pero inmediatamente fue controvertida, y se puso a discusión. Mientras estaba en discusión, Bonilla se inscribió al proceso, permitiéndole alegar que cuando lo hizo el periodo estaba estipulado por cinco años, pero era bien sabido por todos que no era así, pues todas las imágenes e información disponible de la convocatoria exponían que el periodo de mandato era de dos años.
Independientemente de la postura de Bonilla, lo importante es que no le queda otra opción que acatar el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que podemos considerar superada ésta amenaza a la democracia mexicana; sin embargo, a pesar de este positivo desenlace surgen un par de dudas.
La primera duda es por qué hasta ahora se pronunció la Corte, ya que es un tanto sospechoso que los ministros hayan tomado meses para posicionarse sobre un decreto que evidentemente era inconstitucional. Hay quienes consideran la decisión de la Suprema Corte como un golpe político contra Bonilla, pues luego de que el gobernador fuera aliado de Andrés Manuel, éste ha criticado el desempeño del gobierno federal ante la contingencia por el COVID-19.
Finalmente, también existen dudas sobre si habrá o no sanciones contra los diputados que votaron a favor de la “Ley Bonilla” pues, como bien dijo el ministro-presidente Arturo Zaldívar, se observaron una serie de irregularidades que por sí solas eran suficientes para invalidar la ley, pero en su conjunto demostraban una intención por hacer un fraude a la Constitución. Una acusación de tal magnitud del representante del poder judicial federal no debe quedarse en palabras, sino que debe traducirse en consecuencias y sanciones.
