Por Uuc-kib Espadas Ancona.
Atendiendo el clamor popular, el Congreso del Estado redujo a la mitad el financiamiento público de los partidos políticos durante los años no electorales. Pese al apoyo recibido, esta decisión ayudará muy poco a limitar los abusos económicos de los afectados, al menos de los más fuertes.
En la realidad, conforme los partidos antes opositores fueron ocupando posiciones de poder, dieron inicio también a la reproducción de prácticas antes exclusivas del PRI. De entre ellas destacan los diversos usos de los espacios de gobierno en beneficio partidista y al margen de la ley. Éstos incluyen, entre otros, el cobro de cuotas a los empleados públicos afiliados a cada partido; el pago dentro de distintas administraciones de operadores políticos, personas que sólo para efectos de sus sueldos son empleados públicos, pero que en realidad trabajan total o parcialmente para sus partidos; el saqueo directo de las arcas públicas; el cobro de comisiones o la recepción de donaciones ilegales de empresarios beneficiados con contratos gubernamentales y la utilización de la propaganda oficial como promoción electoral. En estas condiciones, la decisión de la Legislatura está tomada en estricto beneficio del PAN y del PRI, pese a que la presión pública, o su propia incapacidad política, hizo a los diputados de otros partidos votar también en favor de la medida.
Son los dos partidos de los polos electorales yucatecos los que podrán seguir haciendo trabajo político durante los años no electorales, con cargo al erario y sin verse afectados por la reducción del financiamiento oficial. Así, los partidos con los menores espacios de gobierno -aquéllos que más mal que bien quieren construir alternativas a los partidos de siempre, de los que todo el mundo se queja- verán verdaderamente abatida su de por sí escasa presencia en el debate público. Pero por su parte el PAN y el PRI mantendrán su control del presupuesto y la nómina del Ayuntamiento de Mérida y del Gobierno del Estado de los cuales, tan sólo recurriendo a una práctica de dudosa legalidad, las cuotas obligatorias a militantes que sean empleados públicos, podrán suplir de sobra lo perdido oficialmente.
Es precisamente por eso que, con mucha menos promoción, y puesta a votación en un momento posterior, la misma Legislatura ahora aprueba otras modificaciones legales que elevarán el gasto de las campañas electorales y ampliarán el financiamiento privado que los partidos puedan recibir. De esta forma, junto con la eliminación del fuero constitucional, se van desmontando elementos sanos, funcionales, del sistema político, para ir adaptándolo a las necesidades y condiciones particulares, y por cierto temporales, de los dos mayores contendientes en el estado. Un puñado de políticos, la mayoría de ellos genéricos, sin especialización parlamentaria, que desempeñan provisionalmente el cargo de diputados hasta en tanto pueden lograr sus verdaderas aspiraciones (siempre en espacios ejecutivos, con acceso al presupuesto) avanzan así en limitar la pluralidad política y cerrar las opciones de cambio a la sociedad yucateca. Lo más lamentable es que para estos despropósitos cuentan con el masivo apoyo de una ciudadanía tan indignada como incapaz de sumarse a opciones racionales, democráticas y plurales de transformación política.
