Por Francisco López Vargas
Conocí a Carlos Salinas de Gortari cuando era secretario de Programación y Presupuesto y yo reportero del Diario de Yucatán, pero realmente lo traté como candidato del PRI a la presidencia de la República en las diferentes visitas que hizo a Yucatán y a Campeche y ya como presidente de la República lo acompañé a varias giras.
En uno de sus recorridos, Salinas candidato se evadió del Estado Mayor Presidencial y por algunos minutos -20 ó 25- disfrutó un helado de mamey en la dulcería Colón, ubicada en los bajos del palacio de gobierno de Yucatán.
¿Otra vez en Yucatán, Don Carlos?, fue la pregunta del reportero del Diario, que se encontraba a su lado en la mesita del establecimiento, a la que hubo que agregar sillas porque ahí estaban acompañándolo Manuel Camacho Solís, Víctor Manzanilla Schaffer, el reportero de El Universal Fidel Samaniego.
Uds. están en todos lados, respondió con una sonrisa.
¿Cuál es la mayor exigencia de los mexicanos que usted ha detectado en sus recorridos?, se le inquirió de nuevo.
Justicia, fue la respuesta. Vivimos en un país que exige justicia y esa justicia es la que yo estoy ofreciendo a los mexicanos.
Han pasado 30 años de esa campaña, de esa promesa y en el país sigue vigente la demanda de justicia.
Para los ciudadanos, según la encuesta publicada por Reforma, la inseguridad pública es el principal problema del país mientras que para los líderes el tema más preocupante es la corrupción, ambos vinculados con el tema de justicia.
Los bloqueos en la Ciudad de México por la detención del delincuente “El Ojos”, jefe de una banda de narcomenudistas que se estableció en la delegación Tláhuac y cuyo centro de operaciones era la Ciudad Universitaria de la UNAM.
En una ficha, publicada por el matutino Excélsior, se detalla la información complementaria de quien es Felipe de Jesús Pérez Luna, originario de Michoacán y con 48 años cumplidos en febrero de este año.
Un tuit alertó sobre lo que sucedía en Tláhuac cuando se dio la detención: decenas de motos y de personas hicieron manifestaciones, bloqueos y colocaban camiones incendiados y carteles donde reivindicaban al delincuente porque “ayuda a la gente” y no extorsiona ni secuestra. Los narcobloqueos habían llegado a la capital del país.
Rigoberto Salgado Vázquez, delegado en Tláhuac, aseguraba desde 2016 que él no conocía al “Ojos”, pero su hermano Ricardo era acusado de “llevar el control de la delegación” y otro de los hermanos era el líder de los mototaxistas.
Con la detención del delincuente salió a relucir que habría financiado a Morena y a su candidato para llegar a esa demarcación de la que fue titular de la policía en tiempos de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard lo era de la policía de la capital.
Salgado abría permitido que “El Ojos” operara sin problemas en Tláhuac, desde donde controlaba el narcomenudeo en Ciudad Universitaria y zonas aledañas.
Pero eso no es nuevo. Ahí, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hubo el linchamiento de dos agentes federales a los que se tildó de “robachicos” por los narcomenudistas sin que hubiese intervenido la policía capitalina a cargo de Marcelo Ebrard, lo que le costó el cargo, entonces validado por acuerdo con el presidente de la República, Vicente Fox, quien lo corrió.
La historia del linchamiento la reporteó Sergio Rincón para el portal sin embargo.mx en noviembre de 2015:
–La autora intelectual fue una señora que vive arriba de [la colonia] Peña Alta. Tiene una casa de materiales… Tenía, porque ya se fueron. Ella y toda su familia huyeron –dice Ernesto, quien decidió ponerse un nombre falso para la entrevista.
–¿Ella provocó el linchamiento?
–Sí. La señora y sus hijos vendían droga. Ellos sabían que los federales los estaban siguiendo. Cuando los vieron afuera de la escuela empezaron a decir que eran secuestradores y empezaron a calentarle la cabeza a las demás personas que venían por sus hijos a la primaria. Nada más lo hicieron para que se quitaran de encima a la policía. De ellos a nadie agarraron, pero aquí sabemos que ellos fueron los responsables.
Pero en Tláhuac esa historia no es la única que se repite. La historia de Guerrero, la de Ayotzinapa se repite sin que haya sacrificio de estudiantes:
La autoridad delegacional tendría conocimiento de la operación de la banda criminal, pero recibiría, como los Abarca, beneficio por esas actividades por estar coludidos, desde la campaña, por la demarcación.
La justicia, no importa que tanto sea demandada, exigida. La idea es que veamos que en el México de hoy han pasado demasiados años, desde la masacre de Tlatelolco, y los mexicanos no encontramos la ruta, el camino para darnos gobiernos que sirvan, que sean honestos y que velen por hacer justicia.
En Campeche, ese asomo de justicia estuvo en el encarcelamiento del secretario de Salud, Alfonso Toledo, y su administrador, Miguel Duarte, y de los funcionarios municipales del alcalde carmelita González López.
Sin embargo, pareciera que ahí el escarmiento no ha sido sólido, no ha sido ejemplo al menos para Marco Antonio Avilés Rivera, que ha defraudado la confianza que se le entregó al hacerlo director del Instituto de Capacitación para el Trabajo. El anterior director fue despedido por lo mismo.
Aceptando que se equivocó en la designación, el gobernador Moreno no ha dudado al pedirle su renuncia y se valorará si los excesos del funcionario generaron un daño a la institución lo que precisará si se presenta la denuncia correspondiente o se le inhabilita para otros cargos en la administración pública.
En Yucatán, por citar el caso contrario, no se ha emprendido acción legal ni contra la ex gobernadora Ivonne Ortega ni contra la alcaldesa Angélica Araujo no sólo por los desvíos de fondos ni por la responsabilidad de la golpiza a los ciudadanos que protestaban contra el paso deprimido a manos de pandilleros ligados a sus gobiernos y que fueron protegidos por la policía, presente en el lugar a la hora de los hechos.
De justicia, los mexicanos exigen resultados. Sin embargo, los excesos de los partidos y de Morena podrían estar poniendo a los mexicanos en una alerta para no cometer el error de elegirlos en 2018 porque reproducen, con justificaciones inverosímiles, los excesos de los gobiernos actuales y de los partidos que señalan como adversarios.
Los vínculos de los Abarca con los Pineda Villa y de El Ojos con los Salgado Vázquez serían para proveerlos de recursos para financiar sus campañas a cambio de dejarlos operar y darle trabajo a la gente menos afortunada como narcomenudistas.
En una entrevista con Ciro Gómez Leyva en Imagen Televisión, Andrés Manuel declara que no actuará contra los huachicoleros que saquean los ductos de Pemex, que no enviará al Ejército contra los narcotraficantes y que la legalidad se restaurará “al día siguiente” que gane la elección porque “no habrá corrupción”.
El país se debate hoy entre la legalidad y la impunidad que provoca la corrupción. Las muestras de que las leyes pueden ser violentadas las da el propio Congreso cuando se niegan a acatar los plazos para definir nombramientos o definiciones jurídicas o cuando permiten tomar protesta a diputados suplentes sujetos a investigación.
Argumentos para justificar su actuación e interpretaciones legales a modo son, para ellos, suficientes para argumentar que vivimos en un país de leyes. Sin embargo, no podemos dejar que sigan siendo los violadores de las instituciones y los que las mandan al diablo quienes gobiernen este país.
Como aceptaba Salinas, la justicia es la mayor demanda de los ciudadanos y la justicia implica estado de derecho, legalidad y cero impunidad, pero sobre todo justicia para erradicar los contrastes sociales, esos que nos dicen que 60 millones de mexicanos no pueden dejar de considerarse en pobreza extrema.
