Democracia Eficaz, por:
Luis Carlos Ugalde.
@LCUgalde
En 2006, el PRI y la coalición de partidos que
apoyaban a Andrés Manuel López Obrador, aquella formada por el PRD,
Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) y el Partido del Trabajo habían
denunciado que diversos grupos empresariales estaban induciendo el voto a favor
del candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón. Para paliar esa
preocupación, el IFE envió en mayo un oficio al Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el
Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, en el que se pedía evitar prácticas de
presión, compra o coacción del voto.
Varios empresarios reaccionaron con molestia.
“No hemos violado la ley, ¿por qué se nos acusa?”. En conversaciones privadas
decían que el oficio del IFE los colocaba como presuntos violadores de la ley.
Argumentaban que mientras López Obrador los había atacado por un largo periodo
de tiempo, ellos habían sido responsables y habían mantenido la calma. ¿Por qué
no podemos decir lo que pensamos, siempre y cuando no violemos la ley?,
preguntaban una y otra vez.
Hasta ese momento la clase empresarial del
país se había mantenido en una esfera de discreción. Mientras Andrés Manuel
López Obrador los acusaba y agredía, ellos se reservaban en sus opiniones. “Los
poderosos, los que no pagan impuestos, los que quieren mantener sus
privilegios”, eran frases que repetía con frecuencia el candidato de la
izquierda. A fines de junio llamó a los dirigentes del CCE “delincuentes de
cuello blanco y traficantes de influencias”. Los empresarios se habían
mantenido silenciosos, pero esa “prudencia” cambió.
El CCE produjo y pagó la transmisión de
dos spots cuyo
propósito era alertar sobre los riesgos de un eventual triunfo de López
Obrador, aunque ninguno de ellos hacía referencia a partidos o candidatos ni
mencionaba la palabra ‘votar’. Los promocionales expresaban la importancia de
la estabilidad económica y de prevenir una crisis. Su difusión detonó la queja
de la parte afectada. Ante la petición del IFE (sin bases legales) de retirar
los spots para evitar
la polarización del ambiente político, los dirigentes empresariales
argumentaron en privado: “Hemos sido responsables y hemos mantenido silencio
frente a las agresiones de que hemos sido objeto. Tenemos derecho a expresar
nuestro punto de vista sin violar la ley”.
En 2007, el Congreso mexicano aprobó una
reforma constitucional que prohibió que los particulares contraten publicidad
política de cualquier tipo durante las campañas electorales y fuera de ellas.
La nueva normatividad dio al IFE, hoy INE, facultades para solicitar a los
medios electrónicos el retiro de spots.
Con el argumento de que los empresarios habían usado la influencia del dinero
para denostar a López Obrador, en 2007 la medicina fue callar a todos.
La semana pasada el Tribunal Electoral ordenó
al INE retirar los spots de
Mexicanos Primero que promovían la reforma educativa a través de la figura de
niños-candidatos. Lo hizo porque los spots –de
forma explícita– invitaban a apoyar a aquellos que favorecieran una postura
política en detrimento del único opositor de aquella, que es López Obrador. La
pregunta es qué pasará en las próximas semanas cuando diversos grupos quieran
expresar su postura en temas de seguridad pública, combate a la corrupción, feminicidios
o reforma energética, por mencionar algunos. Lo harán en redes sociales y en
medios impresos, donde no hay restricción alguna, pero algunos también podrán
hacerlo en medios electrónicos. Si usan la estrategia de advocacy, pueden promover una causa
sin necesidad de mencionar partidos ni invitar al voto.
¿Qué pasará si una organización compra tiempo
aire para expresar la importancia de contar con combustibles baratos y el PRI
se queja porque ayuda a López Obrador? ¿Y si una organización civil compra spots para expresar la importancia
de que haya mando único policial y entonces el PAN se queja porque ayuda a José
Antonio Meade y López Obrador, los dos que se han expresado a favor de esa
política pública? ¿Y si el Consejo Nacional Agropecuario compra spots para decir que México requiere
un campo competitivo y Morena se queja de que busca afectar a López Obrador,
quien ha propuesto precios de garantía?
La reforma electoral de 2007 violenta la
libertad de expresión en medios electrónicos, pero como norma suprema debe
respetarse. Pero los márgenes de interpretación son muy ambiguos y darán lugar
a litigios. Lo equivocado de la política restriccionista de 2007 es que para
alcanzar una presunta equidad en la competencia se busca callar a quienes sí
pueden hablar debido a que muchos carecen de los medios para hacerlo. La
medicina del futuro debe buscar fórmulas para que todos puedan hablar, en lugar
de salidas falsas que callen a todos.
* Incluye fragmentos
de mi libro Así lo viví.
Testimonio de la elección presidencial de 2006, la más competida en la historia
moderna de México (Grijalbo, 2008).
