La revista peninsular
El 26 de septiembre se cumplieron 7 años de la
desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos
que partieron de Iguala, Guerrero con rumbo a la Ciudad de México para asistir
a las actividades conmemorativas del “2 de octubre”. Este atroz crimen dejó una
herida en nuestra nación que aún sigue abierta y nos recuerda a las miles de
personas desaparecidas en México.
Este fue un hecho grave pues, además del asesinato
de los normalistas, hubo la intención de borrar toda huella o rastro de su
existencia. De igual manera, las víctimas eran jóvenes estudiantes, sus
agresores estaban coludidos con elementos de seguridad pública y la
investigación llevada a cabo por las autoridades estuvo plagada de
inconsistencias.
La administración de Enrique Peña Nieto asumió los
mayores costos políticos de la tragedia ya que, debido a las irregularidades
observadas en la investigación emprendida por su gobierno, parecía que su
prioridad era ocultar lo sucedido para encubrir a los involucrados. De hecho,
el ejecutivo federal recibió múltiples críticas tras presentar la “verdad
histórica” de lo ocurrido pues daba la impresión de ser una pretensión para
hacer pasar especulaciones como si fueran hechos. Esta “verdad histórica”
afirmaba que los jóvenes fueron incinerados en Cocula, Guerrero por miembros
del crimen organizado y sus restos fueron tirados al Río San Juan.
Lo sucedido generó una de las mayores crisis
políticas en la historia reciente de México cuyos efectos negativos marcaron el
resto del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
Consciente de su peso, Andrés Manuel López Obrador
abanderó el tema durante la campaña electoral del 2018 y el primer decreto que
emitió como presidente fue para crear la Comisión de la Verdad y Acceso a la
Justicia en el caso Ayotzinapa. Esta comisión, presidida por Alejandro Encinas
en su calidad de subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación, tiene el objetivo de dialogar con las autoridades y coordinarlas
para trabajos de investigación, así como también tiene el objetivo de
fortalecer el apoyo a las víctimas y a sus familiares.
A pesar de que se han destinado cientos de millones
de pesos a la investigación, los resultados aún son escasos. Si bien, el
gobierno de López Obrador hizo un importante avance al señalar que no se
sostenía la “verdad histórica” presentada por la administración anterior, no se
ha dado a conocer alguna otra versión sobre lo ocurrido. Asimismo, únicamente
se encuentran en prisión poco más de 30 personas cuando han sido detenidas 140
a lo largo de las indagaciones. Finalmente, solo se han podido identificar los
restos de 3 de los 43 normalistas; sus nombres son Alexander Mora, Christian
Rodríguez y Jhosivani Guerrero.
Ahora bien, aunque a paso lento, las investigaciones
siguen lo cual es digno de reconocer. Esperemos que las autoridades actúen con
prudencia y presenten los resultados de las indagatorias conforme sean
confirmados pues si se usan como insumo mediático se puede afectar la veracidad
de los resultados.
A 7 años de la tragedia aún no sabemos qué les pasó
a los normalistas ni dónde se encuentran; peor aún, vemos cómo continúan las
matanzas contra civiles y la negligencia por parte de las autoridades para
encubrir a los responsables. Aún más, en los últimos años podemos ver cómo se
usa esta fecha para exigir justicia por los aproximadamente 90,000
desaparecidos en el país.
Desde La Revista Peninsular nos unimos a las
exigencias de justicia por los 43 normalistas y los miles de desaparecidos, así
como igual nos solidarizamos con las víctimas. Estamos todos juntos en la lucha
por un México de paz y libre de impunidad.
