Uuc-kib Espadas Ancona<\/p>\n
La C\u00e1mara de Diputados se integra con 300 diputados electos cada uno en una demarcaci\u00f3n territorial, el distrito electoral; los otros 200 se eligen colectivamente, en cinco regiones conformadas por varios estados. Para cada una, los partidos postulan cuarenta candidatos en una lista ordenada. De \u00e9sta resultan electos un n\u00famero de diputados proporcional a la votaci\u00f3n que cada partido reciba en ese territorio, la circunscripci\u00f3n plurinominal. Con este sistema, al ganar un distrito, el partido que lo hace logra una representaci\u00f3n muy superior a su peso electoral, pues esas victorias se logran con menos del 40% de votos. Por esa raz\u00f3n, el principal esfuerzo de los partidos no es por obtener m\u00e1s votos en el pa\u00eds, sino por ganar m\u00e1s distritos que sus adversarios y as\u00ed contar con muchos m\u00e1s diputados que los que le corresponder\u00edan en proporci\u00f3n a su votaci\u00f3n.
La consecuencia pr\u00e1ctica de esta din\u00e1mica es que las demandas e intereses que partidos y candidatos buscan atender en sus campa\u00f1as son las directamente sensibles en los peque\u00f1os territorios que son los distritos, sin necesidad de vincularlas a objetivos program\u00e1ticos y legislativos m\u00e1s amplios. De esta forma, los aspirantes a diputados ofrecen mejoras materiales para espacios p\u00fablicos, empleos, peque\u00f1os auxilios directos y comida, como acciones particulares en beneficio inmediato de las personas cuyo voto buscan.
Pr\u00e1cticamente, nunca esas necesidades se encauzan en reformas legales o acciones parlamentarias amplias para solucionar problemas comunes en una perspectiva general. Peor a\u00fan, como regla general el cumplimiento de esas ofertas se basa en la capacidad del candidato de traficar influencias en favor de sus votantes, evitando la existencia de normas que garanticen que el acceso a servicios y ayudas p\u00fablicas dependa de las condiciones y derechos de cada beneficiario. Este arbitrario tr\u00e1fico se publicita sin pudor y se vuelve el centro de la disputa electoral.
Sostener una campa\u00f1a de este tipo durante los a\u00f1os de b\u00fasqueda que requieren los cargos tiene, por supuesto, un enorme costo directo para cada aspirante, independientemente del dinero p\u00fablico que pueda desviar para ello. Adem\u00e1s, debe evitar dejar cualquier huella de su uso, pues viola, en el mejor de los casos, las leyes que limitan las llamadas pre-campa\u00f1as a ciertos per\u00edodos. <\/p>\n
Este es uno de los elementos que con fuerza atrae dinero ilegal, por su origen o por su uso, a las campa\u00f1as pol\u00edticas.<\/p>\n
En un contexto en el que las autoridades electorales son totalmente incapaces de medir, ni hablar de controlar, el uso real de dinero por parte de los partidos, nada impide que entre masivamente dinero ilegal a diversas campa\u00f1as, que \u00e9stas sean competencias brutalmente desiguales y, sobre todo, que la disputa por programas legislativos quede sepultada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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