Editorial La Revista Peninsular<\/b><\/p>\n<\/p>\n
A principios de semana, el presidente Andr\u00e9s Manuel
\nL\u00f3pez Obrador public\u00f3 un acuerdo para decretar que las principales obras de su
\ngobierno sean consideradas de inter\u00e9s p\u00fablico y seguridad nacional. Esta
\ndisposici\u00f3n fue ampliamente criticada en la discusi\u00f3n p\u00fablica pues distintos
\nsectores del pa\u00eds advirtieron que es inconstitucional y que promueve la
\nopacidad administrativa.<\/p>\n
El decreto dado a conocer el lunes por la noche
\nestablece que se declaran de inter\u00e9s p\u00fablico y seguridad nacional los proyectos
\na cargo del gobierno federal que est\u00e9n relacionados con el sector de
\ncomunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidr\u00e1ulico, h\u00eddrico,
\nmedio ambiente, tur\u00edstico, salud, v\u00edas f\u00e9rreas, ferrocarriles en todas las
\nmodalidades, energ\u00e9tico, puertos, aeropuertos y aquellos que, por sus
\ncaracter\u00edsticas, se consideren prioritarios y estrat\u00e9gicos para el desarrollo
\nnacional.<\/p>\n
De igual manera, el decreto instruye a las
\ndependencias de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Federal a otorgar autorizaciones
\nprovisionales siempre que se soliciten dict\u00e1menes, permisos o licencias para
\niniciar los proyectos referidos anteriormente; as\u00ed, se podr\u00e1 garantizar su ejecuci\u00f3n
\noportuna y el beneficio social. La autorizaci\u00f3n provisional tendr\u00e1 una vigencia
\nde 12 meses y, durante este tiempo, se deber\u00e1n llevar a cabo los tr\u00e1mites para
\nobtener una autorizaci\u00f3n definitiva de acuerdo a lo establecido en la ley.<\/p>\n
En t\u00e9rminos m\u00e1s sencillos, el acuerdo promovido por
\nPresidencia de la Rep\u00fablica le ordena a quienes componen la Administraci\u00f3n
\nP\u00fablica Federal aceptar, sin mayor revisi\u00f3n, los tr\u00e1mites y solicitudes que
\nreciban sobre los principales proyectos federales. El Tren Maya, el Aeropuerto
\nInternacional \u201cFelipe \u00c1ngeles\u201d o la refiner\u00eda de Dos Bocas son algunas de las
\nobras que entrar\u00edan en esta consideraci\u00f3n.<\/p>\n
En la conferencia matutina del martes, el presidente
\nL\u00f3pez Obrador explic\u00f3 que el objetivo del decreto era agilizar los tr\u00e1mites de
\nlas obras para impedir que se detengan por procesos burocr\u00e1ticos. Igualmente,
\nneg\u00f3 que la disposici\u00f3n vaya a interferir con las obligaciones de transparencia
\ndel gobierno y pidi\u00f3 confianza para las dependencias p\u00fablicas.<\/p>\n
A pesar de que el titular del ejecutivo pidi\u00f3 un voto
\nde confianza, distintos sectores del pa\u00eds se manifestaron en contra del decreto
\npor considerarlo un desplante autoritario que atenta contra la Constituci\u00f3n y
\nel Estado de Derecho.<\/p>\n
En ambas c\u00e1maras legislativas, diputados y senadores
\nde oposici\u00f3n criticaron el acuerdo y llamaron al poder ejecutivo a retractarse.
\nLa coalici\u00f3n \u201cVa por M\u00e9xico\u201d de la C\u00e1mara de Diputados anunci\u00f3 que interpondr\u00e1
\nuna controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n
\n(SCJN) por el decreto, mientras que el coordinador del PAN en el Senado, Julen
\nRementer\u00eda, solicit\u00f3 a la presidenta de la C\u00e1mara Alta, Olga S\u00e1nchez Cordero,
\ntomar cartas en el asunto debido a la trasgresi\u00f3n constitucional perpetrada.<\/p>\n
Las dirigencias de los partidos de oposici\u00f3n tambi\u00e9n
\ncompartieron su inconformidad con la disposici\u00f3n, como el dirigente panista
\nMarko Cort\u00e9s quien record\u00f3 que, en campa\u00f1a, Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador
\nprometi\u00f3 acabar con las adjudicaciones directas, pero ahora hay m\u00e1s que en el
\nsexenio anterior. Adem\u00e1s, el l\u00edder blanquiazul dijo que el gobierno de Enrique
\nPe\u00f1a Nieto fue se\u00f1alado por corrupci\u00f3n, pero nunca se atrevi\u00f3 a realizar un
\nacto tan autoritario como ocultar toda la informaci\u00f3n de los proyectos
\nimportantes.<\/p>\n
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
\nInformaci\u00f3n y Protecci\u00f3n de Datos Personales (INAI), en su calidad de \u00f3rgano
\np\u00fablico abocado al libre acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, tambi\u00e9n anunci\u00f3 que
\npresentar\u00e1 una controversia constitucional ante la SCJN. De acuerdo a un
\ncomunicado dado a conocer por este instituto, existe el temor a que se vulnere
\nel derecho de acceso a la informaci\u00f3n pues, cuando un proyecto es considerado
\nde seguridad nacional, las autoridades tienen la facultad de reservarse
\ninformaci\u00f3n relativa a este y negarse a hacerla p\u00fablica.<\/p>\n
Ahora bien, la Barra Mexicana de Abogados calific\u00f3 el
\nacuerdo como inconstitucional y critic\u00f3 que violenta el principio de divisi\u00f3n
\nde poderes pues pretende que se ignoren las leyes emanadas del poder
\nlegislativo, as\u00ed como tambi\u00e9n transgrede disposiciones de competencia econ\u00f3mica
\ny medio ambiente. Abogados de la talla de Miguel Carbonell y el exministro Jos\u00e9
\nRam\u00f3n Coss\u00edo coincidieron en la inconstitucionalidad del decreto.<\/p>\n
Las c\u00e1maras y grupos empresariales no se quedaron
\natr\u00e1s ya que tambi\u00e9n expusieron sus cr\u00edticas sobre el acuerdo.<\/p>\n
La C\u00e1mara Mexicana de la Industria de la Construcci\u00f3n
\nadvirti\u00f3 que, al haber menos rigurosidad administrativa, aumentar\u00eda la
\nimprovisaci\u00f3n y con ello los costos de las obras, as\u00ed como igual advirti\u00f3 que
\nbajar\u00eda la calidad de los proyectos ya que no habr\u00eda suficiente tiempo durante
\nlos tr\u00e1mites para identificar errores o problemas. Por su parte, la
\nConfederaci\u00f3n de C\u00e1maras Industriales rechaz\u00f3 el acuerdo por afectar la libre
\ncompetencia, disminuir los niveles de transparencia y generar posibles actos de
\ncorrupci\u00f3n. Finalmente, el Consejo Coordinador Empresarial tambi\u00e9n estuvo en
\ndesacuerdo con lo dispuesto pues consider\u00f3 que se le permite al Estado omitir
\nsu obligaci\u00f3n de proteger el medio ambiente, la seguridad p\u00fablica y los
\nDerechos Humanos.<\/p>\n
Si bien, es respetable que existan diversas posturas
\nsobre el tema, es prudente se\u00f1alar que los argumentos de quienes se oponen al
\nacuerdo parecen ser m\u00e1s contundentes que los argumentos de quienes se
\nposicionan a favor del mismo. Mientras que los inconformes cuentan con una
\nvariedad de argumentos fundamentados en la Constituci\u00f3n y la legalidad, quienes
\napoyan el acuerdo se limitan a decir que su objetivo es agilizar los tr\u00e1mites
\npara lograr que las obras se entreguen en las fechas prometidas lo cual, tras
\nun an\u00e1lisis del planteamiento, denota falta planeaci\u00f3n y profesionalismo por
\nparte de quienes son responsables de los proyectos.<\/p>\n
Dado que el gobierno federal no parece tener la
\nintenci\u00f3n de ceder ante las cr\u00edticas, es probable que este conflicto se
\nsolucione cuando los ministros y ministras de la SCJN definan si el acuerdo
\npresidencial es constitucional o no; sin embargo, a\u00fan falta tiempo para esto.
\nEn tanto, esperemos que este tema no sea usado por gobierno y oposici\u00f3n para
\natacarse mutuamente como desafortunadamente ha sucedido con la reforma
\nenerg\u00e9tica.<\/p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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