<\/b>Razones<\/i>, por: Jorge Fern\u00e1ndez Men\u00e9ndez.<\/b><\/p>\n
Las declaraciones de Jaime C\u00e1rdenas Gracia, luego de su renuncia al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado exhiben con toda claridad el mayor de los conflictos que enfrenta este gobierno: quiere cumplir objetivos sin respetar leyes, procedimientos y normas. Dijo C\u00e1rdenas, al que, insistimos, nadie puede acusar de no haber sido leal a L\u00f3pez Obrador durante a\u00f1os, que se demanda a los funcionarios una lealtad ciega, que el Presidente quiere cumplir sus objetivos y si en el camino no debe respetar normas y procedimientos no importa, y que eso convert\u00eda la instituci\u00f3n a su cargo en un polvor\u00edn que podr\u00eda estallar por el mal manejo de recursos. Hay que agregar que cuando no se respetan las normas y procedimientos legales en el gobierno, no s\u00f3lo se violenta la ley, se crean las condiciones ideales para la corrupci\u00f3n y el abuso y eso es lo que se encontr\u00f3 C\u00e1rdenas Gracia en el Instituto, donde las partidas econ\u00f3micas y los recursos se comenzaban usando para cualquier objetivo presidencial y se terminaba robando descaradamente.<\/p>\n
El Presidente le contest\u00f3 a C\u00e1rdenas que ten\u00eda raz\u00f3n, \u201cpedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformaci\u00f3n, porque el pueblo nos eligi\u00f3 para eso, para llevar a cabo un proyecto de transformaci\u00f3n, para acabar con la corrupci\u00f3n, para acabar con los abusos, para llevar a cabo un gobierno austero”. S\u00ed, pero sobre todo eligieron a este como a todos los gobiernos, para cumplir y hacer cumplir las leyes, y si \u201cla transformaci\u00f3n\u201d se pone por encima de las leyes, las est\u00e1 violando, el gobierno se convierte en corrupto, abusivo, y la supuesta austeridad como se vio en el Instituto, o en la rifa del avi\u00f3n o en muchos otros proyectos que no se ajustan a la norma legal sino al \u201cobjetivo\u201d presidencial, termina siendo un factor de dispendio.
Lo mismo ocurre con la consulta sobre el juicio a los ex presidentes. Era claro que la consulta no puede transitar legalmente, por innumerables razones, pero la m\u00e1s evidente es que se hac\u00eda una consulta popular para ver si procesaba o no a cinco personas en espec\u00edfico. En cualquier democracia del mundo eso es inviable.<\/p>\n
La ponencia del ministro Luis Mar\u00eda Aguilar me parece que ser\u00e1 incuestionable al respecto. El ex presidente de la Corte lo que explica es que la inconstitucionalidad de esa pregunta involucra varias violaciones a la Constituci\u00f3n: es una restricci\u00f3n evidente a los derechos humanos. No puede consultarse si las autoridades pueden o deben proteger los derechos humanos de una persona, sencillamente es su obligaci\u00f3n. Pone el riesgo adem\u00e1s los derechos de v\u00edctimas y ofendidos, porque las autoridades est\u00e1n \u201cobligadas a denunciar cualquier hecho y llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para llegar a la verdad y sancionar cualquier delito cometido por cualquier persona\u201d: es una obligaci\u00f3n del Estado. Como henos dicho muchas veces, si el gobierno federal considera que alguna persona, ex presidente o no, cometi\u00f3 un delito, debe iniciar un procedimiento penal en ese sentido. Punto, no hay nada que consultar.<\/p>\n
Se viola tambi\u00e9n la presunci\u00f3n de inocencia y el riesgo de viabilidad de futuras investigaciones y procesos penales, restringe las garant\u00edas para la protecci\u00f3n de derechos humanos de las instancia de procuraci\u00f3n de justicia y rompe con el principio de igualdad jur\u00eddica, desde el momento en que pone a consulta la aplicaci\u00f3n de la ley, o no, a ciertas personas.
Contest\u00f3 el presidente L\u00f3pez Obrador que le ped\u00eda a los ministros \u201cque no se dejen intimidar (\u2026) que tambi\u00e9n tomen en cuenta el sentimiento del pueblo\u201d. No se quiere entender que \u00e9ste no es un tema de sentimientos, sino de normas legales. Si fuera por el sentimiento popular ser\u00edan aceptables los linchamientos cuando \u201cel pueblo\u201d (que no es ninguna entidad legal) se hace justicia por propia mano o incluso no se hubiera podido dejar en libertad por violaci\u00f3n al debido proceso a un personaje como la secuestradora francesa Florence Cassez, cuando m\u00e1s del 80 por ciento de la poblaci\u00f3n la consideraba culpable.<\/p>\n
Dijo el Presidente que \u201cno existe violaci\u00f3n a Derechos Humanos ni a garant\u00edas, porque, en el caso de que se lleven a cabo estos juicios, los tiene que hacer la autoridad competente en el marco de la legalidad que prevalece, d\u00e1ndole al implicado las garant\u00edas de defensa\u201d. Pero ese no es el tema, si las autoridades consideran que los ex presidentes, o cualquier persona, cometi\u00f3 un delito es su obligaci\u00f3n iniciar una denuncia e investigaci\u00f3n. No es una opci\u00f3n. Lo que se propone se declare inconstitucional no es la posibilidad de enjuiciar a un ex presidente, sino de ponerlo a consulta popular. Lo que viola ley es la pregunta de la consulta, no la posibilidad de llevarlos a juicio.<\/p>\n
Por lo pronto esa es el contenido de la ponencia del ministro Aguilar. Se estima que el primero de octubre el pleno de la Suprema Corte tendr\u00e1 que decidir al respecto.<\/p>\n
No se puede buscar cumplir objetivos sin respetar normas, procedimientos, leyes. Para eso, al final, es para lo que sirve un gobierno, para cumplir y hacer cumplir las leyes.<\/p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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