Editorial La Revista Peninsular <\/b><\/p>\n
\u00c9ste lunes culmin\u00f3 un funesto cap\u00edtulo en la democracia de nuestro pa\u00eds luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n invalidara la controversial \u201cLey Bonilla\u201d, la cual pretend\u00eda ampliar el periodo de mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de dos a cinco a\u00f1os, lo que hubiese creado un peligroso precedente en sistema jur\u00eddico mexicano.<\/p>\n
La \u201cLey Bonilla\u201d, que propiamente no es una ley sino una reforma a la constituci\u00f3n local, fue aprobada en julio del a\u00f1o pasado durante una sesi\u00f3n extraordinaria llevada a cabo por el Congreso local; \u00e9sta fue celebrada en la noche y en una sede alterna, como si los legisladores hubieran pretendido esconder la ilegalidad de su actuar en la oscuridad noct\u00e1mbula y muros ajenos.<\/p>\n
Hubo gran controversia en torno a \u00e9sta votaci\u00f3n, pues distintos l\u00edderes pol\u00edticos denunciaron que Bonilla y sus colaboradores ofrecieron sobornos de miles de d\u00f3lares a los diputados que aprobaran la ley.<\/p>\n
Cabe mencionar que la legislatura que aprob\u00f3 \u00e9sta reforma no es la actual, si no la anterior; comentario importante, porque la legislatura pasada estaba compuesta en su mayor\u00eda por diputados panistas, quienes fueron el factor determinante para la aprobaci\u00f3n de la ley que habr\u00eda de favorecer al gobernador de Morena, Jaime Bonilla. De hecho, tras la aprobaci\u00f3n de la reforma constitucional, el PAN inici\u00f3 un proceso de destituci\u00f3n en contra de sus diputados.<\/p>\n
Vale la pena recordar que para estos tiempos, hace casi ya un a\u00f1o, el tema de la reelecci\u00f3n ten\u00eda amplia relevancia en la discusi\u00f3n p\u00fablica, pues se sospechaba que la \u201cLey Bonilla\u201d era una forma en que nuestro presidente, Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, med\u00eda la factibilidad de ampliar su propio mandato; en ese entonces L\u00f3pez Obrador gozaba de una aceptaci\u00f3n mucho mayor a la que recibe ahora, situaci\u00f3n que hac\u00eda parecer viable que la \u201cLey Bonilla\u201d pudiera prevalecer. Debido a la especulaci\u00f3n generada, el presidente firm\u00f3 una carta notariada en la que supuestamente afirmaba no pretender reelegirse, pero en la misma redacci\u00f3n de la carta se abr\u00eda a s\u00ed mismo la posibilidad de hacerlo al escribir que \u201cel pueblo pone y el pueblo quita\u201d.<\/p>\n
Tambi\u00e9n por estos tiempos, hace casi un a\u00f1o, el entonces gobernador de Baja California, Francisco Vega, hab\u00eda declarado que no ten\u00eda intenciones de publicar la \u201cLey Bonilla\u201d, ya que, si bien el poder legislativo es el encargado de crear leyes, le corresponde al ejecutivo publicarlas en el Peri\u00f3dico Oficial del Estado, y esta reforma a todas luces era inconstitucional y antidemocr\u00e1tica. Sin embargo, el exgobernador rectific\u00f3 su postura, porque si la reforma no se publicaba, no podr\u00eda ser sujeta a discusi\u00f3n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n, pues \u00e9sta instituci\u00f3n no puede discutir sobre algo que a\u00fan no existe jur\u00eddicamente.<\/p>\n
As\u00ed, una vez publicada la \u201cLey Bonilla\u201d en octubre del a\u00f1o pasado, se abri\u00f3 la puerta para que partidos pol\u00edticos e instituciones pudiesen promover los recursos pertinentes ante la Corte, como lo hicieron el PAN, el PRI, el PRD, el Movimiento Ciudadano, el Partido de Baja California, y la Comisi\u00f3n Nacional de Derechos Humanos.<\/p>\n
En respuesta a estas inconformidades, la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n decidi\u00f3 de manera un\u00e1nime invalidar la \u201cLey Bonilla\u201d, con lo que consolid\u00f3 su imagen como contrapeso pol\u00edtico aut\u00f3nomo, y salvaguarda de nuestra Carta Magna.<\/p>\n
Fue el ministro Jos\u00e9 Fernando Franco Gonz\u00e1lez Salas quien redact\u00f3 el proyecto que invalid\u00f3 la controversial ley, argumentando, entre otras cosas, que la reforma constitucional violentaba el voto de las personas, ya que todos los ciudadanos tienen derecho a saber el per\u00edodo espec\u00edfico por el que los gobernantes que eligen han de ejercer sus funciones, y los legisladores de Baja California modificaron el periodo de Bonilla despu\u00e9s de que los ciudadanos emitieron su voto.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se violent\u00f3 el principio de irretroactividad, que le impide a los legisladores legislar hacia el pasado; as\u00ed como se violent\u00f3 el principio de no reelecci\u00f3n al extender el periodo de una administraci\u00f3n, cuando \u00e9ste ya estaba definido. De igual manera, se viol\u00f3 el derecho de las personas de votar y ser votados, ya que se le pretendi\u00f3 privar a los ciudadanos de Baja California el poder ejercer su voto en el 2021, o aspirar a ser candidato para esas elecciones.<\/p>\n
Por su parte, Jaime Bonilla asegur\u00f3 que acatar\u00eda la decisi\u00f3n de la Suprema Corte, pero comparti\u00f3 que no estaba de acuerdo con los argumentos presentados. Seg\u00fan el gobernador, la reforma constitucional no violaba ning\u00fan art\u00edculo en concreto de la Constituci\u00f3n, adem\u00e1s de considerar que la ampliaci\u00f3n de mandato era correcta, pues cuando \u00e9l se inscribi\u00f3 a la convocatoria el periodo establecido era de cinco a\u00f1os, y no de dos.<\/p>\n
La realidad fue que una vez que el Instituto Estatal Electoral de Baja California emiti\u00f3 la convocatoria para la elecci\u00f3n a gobernador por un periodo de dos a\u00f1os, se present\u00f3 una iniciativa para ampliar el periodo a cinco a\u00f1os, y \u00e9sta fue admitida en la convocatoria, pero inmediatamente fue controvertida, y se puso a discusi\u00f3n. Mientras estaba en discusi\u00f3n, Bonilla se inscribi\u00f3 al proceso, permiti\u00e9ndole alegar que cuando lo hizo el periodo estaba estipulado por cinco a\u00f1os, pero era bien sabido por todos que no era as\u00ed, pues todas las im\u00e1genes e informaci\u00f3n disponible de la convocatoria expon\u00edan que el periodo de mandato era de dos a\u00f1os.<\/p>\n
Independientemente de la postura de Bonilla, lo importante es que no le queda otra opci\u00f3n que acatar el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n, por lo que podemos considerar superada \u00e9sta amenaza a la democracia mexicana; sin embargo, a pesar de este positivo desenlace surgen un par de dudas.<\/p>\n
La primera duda es por qu\u00e9 hasta ahora se pronunci\u00f3 la Corte, ya que es un tanto sospechoso que los ministros hayan tomado meses para posicionarse sobre un decreto que evidentemente era inconstitucional. Hay quienes consideran la decisi\u00f3n de la Suprema Corte como un golpe pol\u00edtico contra Bonilla, pues luego de que el gobernador fuera aliado de Andr\u00e9s Manuel, \u00e9ste ha criticado el desempe\u00f1o del gobierno federal ante la contingencia por el COVID-19.<\/p>\n
Finalmente, tambi\u00e9n existen dudas sobre si habr\u00e1 o no sanciones contra los diputados que votaron a favor de la \u201cLey Bonilla\u201d pues, como bien dijo el ministro-presidente Arturo Zald\u00edvar, se observaron una serie de irregularidades que por s\u00ed solas eran suficientes para invalidar la ley, pero en su conjunto demostraban una intenci\u00f3n por hacer un fraude a la Constituci\u00f3n. Una acusaci\u00f3n de tal magnitud del representante del poder judicial federal no debe quedarse en palabras, sino que debe traducirse en consecuencias y sanciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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