Por: Joel Salas Su\u00e1rez.<\/b><\/p>\n
La informaci\u00f3n p\u00fablica debe servir para encontrar soluci\u00f3n a los principales problemas p\u00fablicos. Esta frase no es un eslogan, es un requisito para implementar pol\u00edticas p\u00fablicas que redireccionen el rumbo de M\u00e9xico. Los requerimientos de informaci\u00f3n presentados a las instituciones p\u00fablicas mexicanas son escaparate de las necesidades de informaci\u00f3n identificadas por los ciudadanos en torno a los problemas prioritarios, como la violencia y el combate al crimen organizado. Recientemente, un ciudadano hizo ver al INAI la necesidad de conocer estad\u00edsticas para estudiar la vinculaci\u00f3n de las y los menores de edad y j\u00f3venes con el narcotr\u00e1fico, narcomenudeo y posesi\u00f3n de drogas, espec\u00edficamente, sobre detenciones. Lo hizo a trav\u00e9s del recurso de revisi\u00f3n RRA 6948\/48 contra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad P\u00fablica (SESNSP). El pleno del Instituto instruy\u00f3 al SESNSP asumir competencia e informar al interesado al respecto.<\/p>\n
Al analizar el tema, la ponencia a mi cargo identific\u00f3 que el \u201cjuvenicidio\u201d es uno de las peores consecuencias de la violencia generalizada que persiste en nuestro pa\u00eds. El v\u00ednculo entre juventud y violencia implica la puesta en riesgo sistem\u00e1tica de la vida de este sector de la poblaci\u00f3n. Dolorosamente, tambi\u00e9n hay ni\u00f1as y ni\u00f1os involucrados. En M\u00e9xico hay 37.5 millones de j\u00f3venes entre los 12 y 29 a\u00f1os. A pesar del potencial que representan como bono demogr\u00e1fico, su futuro no es prometedor. Seg\u00fan el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminaci\u00f3n, 19.7 millones de j\u00f3venes tienen ingresos menores a la l\u00ednea de bienestar econ\u00f3mico y 5.4 millones no tienen la oportunidad de estudiar ni trabajar.<\/p>\n
Ante la falta de oportunidades econ\u00f3micas, para algunos ni\u00f1os y j\u00f3venes, el crimen organizado es una opci\u00f3n para superar la barrera de la movilidad social y lograr reconocimiento. Los j\u00f3venes que se vinculan con el crimen organizado son mano de obra barata, pero se enfrentan a grandes riesgos. Desde 2007 hasta el 2016, de acuerdo con cifras del INEGI, 45 mil 399 j\u00f3venes de entre 15 y 24 a\u00f1os fueron asesinados por causas relacionadas con el crimen organizado. Esto ha ido aumentando desde que inici\u00f3 la denominada \u201cguerra contra el narcotr\u00e1fico\u201d. La Red por los derechos de la infancia en M\u00e9xico estima que luego de 12 a\u00f1os de esta estrategia casi 11 mil ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes han sido asesinados, en su mayor\u00eda como v\u00edctimas colaterales del fuego cruzado, y 6 mil 800 menores desaparecidos.<\/p>\n
Debo insistir: no hablamos de cifras o estad\u00edsticas, hablamos de vidas, de padres que pierden a sus hijos, de familias rotas. Acostumbrarnos a las cifras y no pensar en el valor de cada vida puede ser parte del problema. La violencia en las calles puede alcanzar los \u00e1mbitos cotidianos, repercutiendo en las din\u00e1micas de los hogares y las escuelas. No es casualidad que M\u00e9xico ocupe el deshonroso primer lugar entre los pa\u00edses de la OCDE por violencia y abuso infantil.<\/p>\n
Es responsabilidad del Estado garantizar los derechos de las y los ni\u00f1as, ni\u00f1os y j\u00f3venes. El problema del juvenicidio no se limita a las pol\u00edticas de seguridad p\u00fablica. Hacen falta soluciones integrales. Pero el Estado requiere el apoyo de la sociedad, los medios de comunicaci\u00f3n, de todos en general. Debemos preguntarnos c\u00f3mo podemos contribuir a rectificar los mensajes, los constructos, los ideales que enaltecen la cultura de la violencia, para sustituirlos por la inclusi\u00f3n, la colaboraci\u00f3n, la confianza y la pacificaci\u00f3n. Durante la campa\u00f1a presidencial, el presidente electo habl\u00f3 de una ley de amnist\u00eda para los j\u00f3venes involucrados en el narcotr\u00e1fico, buscar\u00e1 que dejen la actividad criminal y accedan a empleo y educaci\u00f3n que les permita reintegrarse a la sociedad dignamente. Tambi\u00e9n contempla una propuesta de despenalizaci\u00f3n en el cultivo y trasiego de mariguana. A\u00fan no se tienen los detalles, pero el debate sobre esta propuesta debe fundarse en evidencia, la cual se obtiene de la informaci\u00f3n p\u00fablica. <\/p>\n
*Joel Salas Su\u00e1rez<\/b>
Comisionado del INAI y coordinador de la Comisi\u00f3n de Pol\u00edticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia.<\/b>
Twitter: @joelsas<\/b><\/p>\n
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