Hoy existe un acuerdo nacional: es prioritario erradicar la corrupci\u00f3n y la impunidad en nuestro pa\u00eds. Por esta raz\u00f3n, desde hace m\u00e1s de cuatro a\u00f1os se elaboraron las leyes y comenzamos a construir las instituciones que tendr\u00edan como objetivo que la poblaci\u00f3n en cualquier rinc\u00f3n de nuestro pa\u00eds tenga acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y mecanismos para controlar la corrupci\u00f3n. Desafortunadamente, la percepci\u00f3n de millones de mexicanos es que hasta el momento ning\u00fan esfuerzo institucional ha dado resultados concretos a la poblaci\u00f3n. Ante esta realidad, es fundamental entender que los Sistemas Nacionales de Transparencia (SNT) y Nacional Anticorrupci\u00f3n (SNA) est\u00e1n dise\u00f1ados para atender los problemas nacionales, pero que estos resultan de la suma de problemas locales, por lo que tambi\u00e9n deben hacerse cargo de ellos. Este prop\u00f3sito significa un gran reto para las instituciones responsables de velar por la transparencia, el acceso a informaci\u00f3n p\u00fablica y el control de la corrupci\u00f3n en las entidades federativas.<\/p>\n
El SNT opera desde 2015, su experiencia permite mostrar los retos que podr\u00edan enfrentar los Sistemas Locales Anticorrupci\u00f3n (SLA) en los siguientes a\u00f1os, por lo que vale la pena documentarlos a fin de mitigar riesgos futuros a la hora de su implementaci\u00f3n. Las leyes de transparencia prev\u00e9n organismos garantes estatales (OGE) en igualdad de condiciones, pero la realidad es que hay asimetr\u00edas en recursos, capacidades institucionales y condiciones pol\u00edticas que limitan la efectividad de esfuerzos nacionales. Algunos OGE tienen pocas unidades administrativas, por tanto, poco personal y capacidad de especializaci\u00f3n. Otros tienen presupuesto insuficiente para cumplir con las atribuciones que les han sido conferidas y estos recursos se dirigen principalmente al pago de personal. Por \u00faltimo, hay casos donde el contexto pol\u00edtico afecta a los OGE al grado de dejarlos ac\u00e9falos, como es el caso de la Ciudad de M\u00e9xico donde la Asamblea Legislativa no ha nombrado a los comisionados de esta entidad federativa desde hace m\u00e1s de dos meses. <\/p>\n
Lo anterior deriva en una variaci\u00f3n significativa en el desempe\u00f1o de los OGE. En 2017, algunos OGE resolvieron m\u00e1s de 2,000 recursos de revisi\u00f3n y otros solo 50 (un recurso de revisi\u00f3n en promedio a la semana). Esta situaci\u00f3n no depende exclusivamente de los OGE pues sin duda es el resultado de diversas causas, entre las que puede estar la falta o ausencia de promoci\u00f3n y capacitaci\u00f3n sobre el derecho de acceso a la informaci\u00f3n y, como consecuencia, la poblaci\u00f3n no conoce su derecho o a\u00fan encuentra complejo ejercerlo; una causa m\u00e1s puede ser una mala experiencia con alg\u00fan sujeto obligado al solicitar informaci\u00f3n previamente. Otro ejemplo, durante la construcci\u00f3n del Programa Nacional de Transparencia, instrumento rector de las pol\u00edticas de transparencia y acceso a la informaci\u00f3n a nivel nacional, los comisionados locales pudieron ofrecer comentarios al borrador, pero solo 9 de los 107 que dirigen los OGE participaron en el ejercicio, es decir, menos del 10% del total de colegas opinaron formalmente sobre este programa. Estos datos dan cuenta que las diferencias entre las instituciones estatales pueden dificultar el funcionamiento efectivo del marco federalista bajo el que se constituye el pa\u00eds. <\/p>\n
Por su parte, los SLA a\u00fan no entran de lleno en funciones, pero desde su dise\u00f1o y construcci\u00f3n presentan diferencias. Primero, no se conserv\u00f3 el esquema homologado que se pretendi\u00f3 replicar de la estructura del SNA. En las entidades federativas existe una amplia diversidad de modalidades para incluir a los municipios, organizar la participaci\u00f3n ciudadana y definir el alcance de atribuciones de las instituciones rectoras (Comit\u00e9s Coordinadores, los Comit\u00e9s de Participaci\u00f3n Ciudadana y las Secretar\u00edas Ejecutivas). Segundo, algunos SLA ya cuentan con los nombramientos de quienes dirigir\u00e1n las instituciones que los conforman gracias al impulso pol\u00edtico que han recibido, pero en otros a\u00fan hay pendientes a este respecto, lo cual impide su puesta en marcha. A junio de 2018, solo se ha nombrado el 50% de los secretarios t\u00e9cnicos y el 69% de los Comit\u00e9s de participaci\u00f3n estatales.<\/p>\n
Las diferencias entre sus integrantes dificultan la operaci\u00f3n del SNT y los SLA. No olvidemos que, adem\u00e1s, deber\u00e1n coordinarse entre s\u00ed, por tanto, las diferencias tambi\u00e9n comprometen dicha coordinaci\u00f3n. Cada miembro debe contribuir a hacer realidad que la informaci\u00f3n p\u00fablica sirva para controlar el ejercicio del poder y facilitar la participaci\u00f3n ciudadana en el control de la corrupci\u00f3n. Ya se desarrolla la pol\u00edtica nacional anticorrupci\u00f3n (PNA) con este objetivo. La PNA debe ser acordada en el marco del federalismo y ser flexible para ajustarse a los contextos y particularidades locales, pero su efectividad podr\u00eda estar en riesgo con base en el escenario descrito anteriormente y si falta: (1) cerrar las brechas de capacidades y recursos para potenciar la respuesta institucional en todo el pa\u00eds; (2) dise\u00f1ar estrategias adecuadas para articular compromiso pol\u00edtico de alto nivel que asegure la sustentabilidad del SNA, los SLA y el SNT; (3) involucrar activamente a la sociedad civil local en los esfuerzos; (4) estar preparados para adaptar las diferencias que pudiesen existir en la implementaci\u00f3n a nivel municipal; y (5) desarrollar mecanismos de seguimiento y evaluaci\u00f3n dado que estamos ante procesos in\u00e9ditos que impactar\u00e1n en los niveles de corrupci\u00f3n.<\/p>\n
Las leyes, instituciones y pol\u00edtica p\u00fablicas que garanticen a toda la poblaci\u00f3n en cualquier rinc\u00f3n de M\u00e9xico el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y los mecanismos para controlar la corrupci\u00f3n debe construirse de abajo hacia arriba, es decir, de los municipios a los estados a la federaci\u00f3n. En este contexto, debemos asegurarnos los OGE y los SLA tengan los recursos humanos, financieros y las capacidades para asumir que la colaboraci\u00f3n es parte de su misi\u00f3n y no una carga, para evitar las simulaciones y pol\u00edticas sin resultados concretos, en pocas palabras, hacer conciencia de la situaci\u00f3n de emergencia social que vive el Estado mexicano y lo que podemos aportar cada uno para enfrentarla. Los OGE deber\u00e1n asumir un papel m\u00e1s activo en las decisiones que se tomen en el seno del SNT respecto a la vinculaci\u00f3n con el SNA. El desempe\u00f1o de todas las instituciones que integran ambos Sistemas es clave para recuperar la confianza de la poblaci\u00f3n en las autoridades, sin duda, el primer paso hacia otras acciones necesarias para cambiar el rumbo del pa\u00eds.<\/p>\n
Post scriptum: De este y otros temas relacionados hablaremos Mariclare Acosta (Presidenta del Comit\u00e9 de Participaci\u00f3n Ciudadana del SNA), Lourdes Morales (Director de la Red por la Rendici\u00f3n de Cuentas), Francisco Javier Acu\u00f1a Llamas (Comisionado Presidente del INAI) y su servidor durante la presentaci\u00f3n del Manual El Sistema Nacional Anticorrupci\u00f3n y sus v\u00ednculos con el Sistema Nacional de Transparencia el pr\u00f3ximo jueves 28 de junio a las 9 hora en la sede del INAI. \u00a1Est\u00e1n todos invitados!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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