Por: Ernesto Guerra de la Peña.
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Las prisiones en Yucatán, se ubican en el lugar número 15 de los 32 estados de la república en cuanto a la clasificación de condiciones penitenciarias. Las violaciones a los derechos humanos han sido una constante durante décadas. En nuestro estado, según un estudio realizado por la CODHEY, el 73% de las cárceles de los 106 municipios de nuestro estado se encuentran en condiciones inhumanas. Entre los que resaltan las cárceles de San Felipe, Ticul, Chemax, Rio Largartos y Dzan.
Desde que dio inicio la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, se planteó como prioridad brindarle seguridad a las personas que son detenidas o puestas en prisión, con el principal objetivo de protegerlos de penas crueles como es la tortura y el trato indigno.
Existen dos perspectivas acerca del objetivo de la encarcelación. La cual se origina en Europa Occidental y Norteamérica durante el siglo VIII. Desde entonces se ha buscado castigar al recluso privándolo de su libertad por los delitos cometidos, y la búsqueda de su reinserción a la vida social y laboral en libertad, de las cuales esta última, debería ser el principal objetivo del encarcelamiento: Brindarle una segunda oportunidad y la ayuda psicológica y educativa a la persona recluida, para reintegrarla a la sociedad, debería ser prioridad de todo gobierno.
Las condiciones en la mayoría cárceles de Yucatán, según el presente estudio son insalubres. Los reclusos además de estar expuestos a falta de servicios sanitarios, ventilación, iluminación, y esparcimiento, en sus celdas, no se les brinda valoraciones de salud, por no contar con personal médico que les atienda.
En cuanto a la seguridad de los reclusos las cárceles no cuentan con un registro de las personas encarceladas, muchas veces no cuentan ni con el nombre de la persona recluida. Tampoco cuentan con una constante y eficiente vigilancia, lo que ha dado lugar a riñas entre reos, las cuales muchas veces resultan letales, por otro lado a suicidios como fue el caso de los cuatro reclusos de los municipios de Umán, Valladolid, Dzidzantún y Teabo que se quitaron la vida entre el año 2016 y 2017 .
En nuestro estado existen diversas organizaciones y personalidades de la sociedad civil que han trabajado en incidir en la promoción y el respeto a los derechos humanos, entre los que resaltan: Gina Villagómez, Olga Moguel, Ligia Vera, Nancy Walker, Pablo Quiñonez, Rodrigo Llanes y Jorge Fernández Mendiburu; que desde los movimientos que lideran, como son: grupo Indignación, la Alerta de Género, las Jornadas de Derechos Humanos, Agenda Futuro, han generado un impacto relevante en la sociedad. Reconozco su trabajo, y les extiendo la invitación a ellos y a la sociedad en general a tomar el tema de las cárceles como una prioridad de la agenda 2018.
La CODHEY ya ha tomado acciones, entre ellas, la sanción a 230 servidores públicos de cárceles municipales. Pero es necesario que no solo existan sanciones sino cambios substanciales desde la raíz del modelo penitenciario.
Considero que estas propuestas deberían estar en la agenda del Gobierno del estado: Subir el salario del personal y capacitar a y vigilantes de la careles, ejercer el gasto público a la construcción de cárceles que cuenten con condiciones óptimas de higiene y con una constante vigilancia, evitar la sobrepoblación, ejercer convenios con organizaciones de la sociedad civil y empresas para la reinserción de los reclusos a la vida social y laboral y fomentando programas de reinserción.
La cárcel no debería privar a los reclusos de sus derechos, sino que debe ser una etapa para tomar conciencia del error cometido y de las buenas acciones por cometer.
