Por Francisco López Vargas
Los hechos de la semana que termina, todos vinculados a los sismos que ha padecido el país desde el principio de mes, ha cambiado la percepción de los mexicanos hacia la política y los políticos. Las elecciones de 2018 no serán lo mismo después de esta tragedia.
Astucia es el adjetivo que califica con precisión la propuesta de Andrés Manuel López Obrador cuando declaró que el 20 por ciento de sus prerrogativas se daría a los damnificados de Oaxaca y Chiapas, pero que cambió cuando el sismo sacudió a la Ciudad de México el 19 pasado.
La propuesta es tramposa: se devolverían 103 millones para que sus ideólogos, sus cercanos los repartan en su nombre. Es decir, se los agradezcan a él y a Morena, eso en español castizo se llama compra de votos, eso que tanto crítica.
El PRI, por su parte, también hizo su propuesta: que no haya prerrogativas para ni un partido y que esos fondos se donen para la reconstrucción, pero fue más allá y propuso también eliminar a los diputados y senadores de representación proporcional, los llamados plurinominales.
En el tricolor también hay dardos envenenados. La sobrerrepresentación por la anulación de los plurinominales del PAN y del PRI los haría ser amos y señores en el Congreso, pero lo más delicado es que cuando no hayan fondos públicos formales, el PRI, el PAN y el PRD y hasta Movimiento Ciudadano y Morena podrían usar los que tienen sus gobiernos con las limitaciones propias de las mismas.
Además, hoy ya se sospecha de dinero del narcotráfico en las campañas además de la pasada de charola a empresarios que quieren quedar bien con todos, por aquello de las asignaciones de los contratos y las obras públicas. Y del dinero de los gobiernos estatales y federales creo que no está en duda la desviación para sus candidatos.
¿Se imagina al PAN recibiendo financiamiento de sus 13 o 15 gobernadores y el PRI de su más de 14 y del mismo gobierno federal o el PRD del par que tienen? La propuesta está cuesta arriba porque se basa en la demanda, exigencia ciudadana de que no haya financiamiento público para los comicios del 2018 cuando se elige la presidencia de la República y resolverlo a la ligera tendría más bemoles para una democracia que sería inductiva.
La izquierda siempre se ha opuesto a que la iniciativa privada intervenga en las donaciones para campañas. De hecho, la ley electoral vigente fue una concesión que eliminó esa posibilidad pero creció en exceso el gasto y le añadió los famosos spots de los que tanto han abusado no sólo López Obrador sino también Anaya.
Sin embargo, la idea no está del todo mal. Con sus asegunes, lo ideal sería que sólo hayan los partidos políticos que puedan costear sus militantes, que hayan los que realmente signifiquen algo para los electores y que se promueva que los que quieran un registro acrediten con votos que merecen tener una participación de los gastos electorales, si fracasan en las urnas no se les dio un peso del erario de todos los mexicanos.
La desgracia de los terremotos y de los huracanes en esta temporada pareciera haber despertado a una sociedad que no sólo acudió a tropel a solidarizarse con los que fueron víctimas y damnificados, sino que abrió los ojos a los gastos excesivos que reciben los partidos y la autoridad electoral. Hasta la redacción de este artículo, el INE no había dicho cuál sería su aportación, que tanto dinero dejarían de ejercer y menos aún las donaciones que podrían hacer con el dinero que no recibirán los partidos este cierre de año.
La propuesta de los partidos pareciera no tener un común acuerdo. Pareciera más una iniciativa como la de la eliminación del fuero que surgió ante los excesos de la clase gobernante, pero si ver que al eliminarlo se dejaría indefensa a una oposición que podría ser acusada de cualquier cosa en los momentos de una votación importante en el Congreso o los cabildos.
Los excesos que podrían cometerse en la vida futura del país serían más grandes que los beneficios que se aporten a una reconstrucción que tiene que venir del gasto público y de la sociedad organizada que nunca será tan pequeña si logra en verdad darse cuenta que es más que cualquier gobierno de partido.
La única coincidencia de las propuestas de los partidos es que la sociedad está harta de la corrupción y de la impunidad que les permite no sólo presumir lo que se roban sino exhibirse sin castigo.
Quizá lo que habría que exterminar es el incentivo perverso que tienen los cargos públicos al ser vistos como la única vía para el enriquecimiento desmedido precisamente por la complicidad que hay entre todos los actores políticos. La magia de la política ha sido convertir en cómplices a todos los que participan en ella porque los recursos públicos no tienen una supervisión real y eso permite que haya excesos compartidos. Hoy robo yo, mañana tú y así ad infinitum.
No lo sé, quizá el horno no esté para bollos, pero hay que tener claro que lo que hoy se promueve son dardos envenenados que sólo privilegian a quienes los proponen. Ojalá se llegue a algo, ojalá hayan acuerdos, pero también ojalá haya una reflexión que evite los abusos y que los más listos se aprovechen de esa demanda ciudadana tan justa y necesaria.
