El día
12 de este mes de agosto, el PRI realizará su XXII Asamblea Nacional. En ella,
el partido antes invencible decidirá las bases políticas y legales generales de
su participación en las próximas elecciones. El marco de lo que formalmente
puede decidir este órgano de dirección, es amplísimo. En el caben distintos
reclamos internos; desde abrir la elección de candidatos a las bases,
enarbolado por Ivonne Ortega, hasta cambiar totalmente los requisitos a cubrir
para ser investido como candidato presidencial del tricolor. La. realidad, sin embargo, es distinta. Los
extremos de lo posible van de una asamblea al más puro corte soviético, con
total unanimidad y ningún debate; a una al uso de los ‘90s, con algunas voces
testimoniales levantando demandas que nunca prosperan. En lo fundamental el
PRI, con Enrique Peña a la cabeza, va derecho y no se quita. Por lo que desde
afuera puede observarse, la valoración interna dominante es que el elevado
rechazo de opinión pública con el que ese partido llegará a los próximos
comicios se debe situaciones pasajeras y desventajas coyunturales, derivadas de
causas particulares distintas entre sí. Por tanto, de superar la elección estaría
en condiciones de remontar la crisis y continuar gobernando, por lo pronto,
seis años más.
Es de esperar un amplísimo consenso
en los acuerdos de la asamblea. Habrán seguramente de incluir la eliminación de
la condición de haber militado en el PRI por diez años para ser su candidato a
Presidente de la República. Con ello se permitirá la entrada a la contienda de
dos de los favoritos de Peña, José Antonio Meade y Aurelio Nuño. Pero este
consenso se sustentará en, al menos, dos bases muy endebles. Desde la perspectiva
interna, la actual cohesión y disciplina del tricolor descansa en la
expectativa general de que las muy diversas aspiraciones políticas grupales y
personales podrán ser acomodadas y equilibradas por el oficialismo partidista.
Su perspectiva en el corto plazo es, con pocas dudas, el resquebrajamiento,
pues es materialmente imposible acomodar las demandas en los espacios políticos
potencialmente disponibles. Desde la perspectiva externa, el problema
fundamental del PRI son las insatisfactorias condiciones de vida de la mayoría
de la población. El descontento que esto produce no puede ser compensado
totalmente por la publicidad y los mensajes públicos y privados de que lo que
toca es vivir en la pobreza, so pena de enfurecer a los mercados. El costo electoral
de este factor promete ser enorme para el partido hoy gobernante, como hace
cinco años lo fue para el PAN.
Hace ya más de treinta años que el
PRI, bajo la bandera neoliberal, comenzó un rápido alejamiento de las bases
populares que para entonces aún conservaba. Nada en la asamblea que viene
apuntará en otra dirección.
