La importancia de legislar en materia de seguridad interior.
Por Enrique Vidales Ripoll
@chanboox / www.chanboox.com
La situación de seguridad es una de las
principales preocupaciones de cualquier ciudadano sin importar de que país,
ciudad o localidad se trate. En la conformación del pacto social que da origen
al Estado moderno se manifiesta la cesión de los ciudadanos a la clase
gobernante las tareas de control social. Esto para el beneficio de la
colectividad y el resguardo de un interés público general.
En nuestro país existen diferentes
organizaciones de seguridad pública. Desde los policías municipales, estatales,
los federales y las fuerzas armadas – ejército, fuerza aérea y marina. Todos
ellos con diferentes ámbitos de jurisdicción y competencia, pero al final,
coordinados cuando se trata de garantizar la defensa de los intereses
colectivos de los mexicanos en temas de violencia de calle, delincuencia
organizada, narcotráfico, defensa de la soberanía, recursos naturales. Cada
cuerpo de seguridad tiene sus características entre lo que se cuenta la
formación, capacidad de respuesta y de reacción.
Es claro que para el resguardo de la
seguridad civil se cuenta con las policías en los diferentes niveles de
gobierno. La ley es clara en delimitar los campos de acción en tiempo, lugar y
circunstancias. Pero la corrupción que viene alterar el desarrollo normal de
las cosas ocasiona que no sea suficientes para combatir de manera efectiva a la
delincuencia organizada. Por ello se tenido que recurrir a las fuerzas armadas
que han abandonado sus cuarteles y ejecutan tareas de patrullaje u operativos
de seguridad civil.
La formación de las fuerzas armadas es
muy diferente a las policías civiles. Mientras las policías tienen una
naturaleza preventiva sin perjuicio de capacidad de coacción en caso necesario;
los militares están entrenados a ser arrojados ante el peligro y si tiene que accionar
arma para matar, lo harán sin miramiento. Algunos han señalado el gran riesgo
que la sociedad tiene mantener al ejército en las tareas de seguridad civil.
Lo que vimos en vídeos sobre Palmarito,
Puebla nos debe preocupar y ocupar en cuanto el análisis jurídico del papel del
ejército en el combate a la delincuencia organizada.
En el caso se cometieron muchos errores.
No se aseguró que la persona ya sometida estuviera desarmada. Lo que propició
que al descuido el sujeto sacará un arma y disparará contra un soldado por la
espalda. Al parecer, este hecho enardeció a los militares y uno de ellos en una
acción posterior procedió a ejecutar a otro civil, presuntamente delincuente.
No hay duda que para el segundo caso se
trató de un exceso del militar que daña la imagen y honor de las fuerzas
armadas. Si un miembro armado de seguridad pública está siendo atacado por un
delincuente tiene toda la facultad de usar su arma en contra del agresor. El
civil debería buscar en primera instancia disminuir la capacidad de ataque. El
militar es claro que no tendría ninguna objeción a tirar a matar y eliminar la
agresión. En ambos casos no hay delito ni responsabilidad penal porque es claro
que se trata de una acción que encaja en el cumplimiento del deber.
Pero cuando ya está sometida la persona
y no representa un peligro inmediato contra la integridad de sus captores, sin
importar sea civil o militar, accionar un arma para matarlo es un exceso y no
hay un atenuante o dispensa de la responsabilidad penal lo que es un homicidio.
No debe un cuerpo de seguridad rebajarse al nivel de conducta del delincuente.
La institucionalidad y la ley deben estar por encima de la venganza que supera
el principio de la ley del talión.
El problema es que desde hace algunos
meses se había estado discutiendo una iniciativa de ley de seguridad interior.
Se dice que para dar una certeza jurídica a la coordinación de las fuerzas del
orden en la seguridad pública.
No se menosprecia a quienes están en
contra por considerar que hay elementos de preocupación por el involucramiento
de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública que deben ser
civiles. Pero es una necesidad contar con un marco jurídico adecuado y ajustado
a las realidades que se viven en el país.
En ese sentido, el Congreso de la Unión
está siendo ineficiente para escuchar, procesar y sacar adelante la ley de
seguridad interior. Tanto que ya la han mandado a la congeladora.
¿De qué nos sirven entonces 620
legisladores que no se ponen de acuerdo en un tema que es prioritario e importante
para los mexicanos?
No debe volver a pasar lo que sucedió en
Palmeritos. Pero, así como van las cosas… no estamos exentos de ellos.
