MANAGUA — El gobierno de Nicaragua, a través de la Dirección de Migración y Extranjería, advirtió ayer que sancionará a los extranjeros que se involucren de una u otra forma en la crisis sociopolítica que atraviesa el país, que ha cobrado la vida de cuando menos 200 personas.
En un comunicado, leído por la directora de la Escuela Nacional de Migración, Lucrecia Hernández, esa institución instó a los ciudadanos de otras nacionalidades que residen en Nicaragua a cumplir con el artículo 27 de la Constitución Política y el artículo 38 de la Ley General de Migración.
“Nuestra legislación y máxima carta constitucional claramente expresa en el artículo 27 que, en Nicaragua, los ciudadanos de otras nacionalidades tienen los mismos derechos y obligaciones que los nicaragüenses, haciendo una excepción clara que refiere a que ningún extranjero podrá intervenir en asuntos políticos del país”, explicó.
La funcionaria advirtió sobre las sanciones que pueden afrontar los extranjeros que infrinjan lo establecido en la Constitución y en la legislación migratoria.
“Nuestra legislación migratoria, que se desprende de la Constitución Política, establece en el artículo 11 la garantía de los derechos constitucionales que tienen los ciudadanos de otras nacionalidades, y en su artículo 38 describe diversas causales que pueden ser motivo para revocar el permiso de estadía de un extranjero en el país”, precisó la directora de la oficina migratoria.
Entre ellas, participar en las políticas nacionales y alterar el orden público y la tranquilidad de las familias, pudiendo ser causal de deportación o expulsión.
Nicaragua cumplió ayer 64 días desde que se inició la crisis sociopolítica más sangrienta desde 1980.
Las protestas contra el presiente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por reformas a la seguridad social, lo que desató el reclamo nacional.
