Por Mario Luis Fuentes
Es incorrecto sostener que no puede hacerse nada para recuperar el crecimiento económico; más aún, es falso decir que no puede generarse crecimiento y al mismo tiempo garantizar equidad y procesos virtuosos de distribución justa de la riqueza. Lo que es cierto es que lo anterior no puede plantearse sin asumir el reto, y también la responsabilidad, de pensar fuera del marco de referencia imperante en las últimas tres décadas, el cual se basa en un sistema de decisiones que, si bien dan estabilidad a las “variables macro”, producen al menos tres consecuencias negativas: a) un crecimiento económico mediocre prolongado; b) parálisis en la creación de empleos y; c) parálisis de la inversión pública y productiva.
Desde esta perspectiva, pensar a las variables económicas, exclusivamente, desde la ortodoxia liberal, en poco ayuda para romper con las trampas de la desigualdad, del crecimiento mediocre y de la reproducción intergeneracional de la pobreza; así como con otros profundos y complejos retos como lograr el quiebre de la discriminación y la violencia, y los procesos de exclusión y empobrecimiento que de ellas derivan.
¿Cómo desentrañar la lógica —o si se quiere la ilógica— estructura económica que se ha esclerotizado y que nos impide crecer más allá del 2% anual del PIB? ¿Cuáles son los supuestos desde los que se diseñan las políticas económicas y cómo plantear nuevas alternativas?
Lo anterior es parte del diálogo democrático que aún no construimos. Porque no puede seguirse asumiendo que la democracia consiste sólo en la existencia de un sistema de partidos políticos, relativamente competitivo; sino que debemos dar el paso y exigir que la democratización del Estado implica también abrir a debate las decisiones de política económica y social que se diseñan desde el Ejecutivo.
En la década de los 90 se planteó, con razón, que era necesario desvincular las decisiones macro y microeconómicas de las disputas políticas de coyuntura; lo cual significaba evitar que las aspiraciones de corto plazo pudieran llevarnos a la ruina financiera, sin embargo, lo que no debió confundirse jamás, y en consecuencia, dejarse de lado, es que la discusión de la política económica es una cuestión que compete a los arreglos del poder, y con ello se vuelve a la misma cuestión central: su definición es una cuestión relativa a la construcción de un diálogo democrático que permita establecer prioridades que respondan a un verdadero compromiso social.
Los diagnósticos de que disponemos permiten vislumbrar algunas salidas que requieren de un intenso proceso de revisión de los principios sobre los que funciona el andamiaje económico y fiscal del país; algunas rutas son: a) revisión del pacto de coordinación fiscal; b) construir de una vez por todas una reforma fiscal integral, progresiva y redistributiva; c) ampliar los márgenes de la inversión pública y el gasto público; d) replantear los objetivos de la política de desarrollo social y, a la par, replantear las atribuciones y competencias de la Federación, los estados y los municipios.
Se requiere, también, de un nuevo proceso de reordenación del federalismo que, sin romper con los principios básicos de la libertad y soberanías estatales, y de la autonomía municipal, permita la conducción, ordenamiento y el liderazgo de la Federación.
Cerrar las brechas entre el norte y el sur y reducir las disparidades interestatales e intramunicipales no será posible sin un nuevo gran pacto social. Y en esa lógica, no podemos ser omisos frente a nuestro contexto, tanto en lo inmediato respecto de la política como frente a la historia, frente a eventos emblemáticos como el próximo centenario de la Constitución de 1917.
Claro que podemos crecer una vez más, pero ello implica asumir con seriedad el reto de pensarnos una vez más, como la gran nación que somos; y, sobre todo, como un país capaz de superar las peores adversidades y en el que es posible cimentar oportunidades para una vida en dignidad para todos.
Twitter: @MarioLFuentes1
