Mérida, Yucatán; 26 de julio de 2017 (ACOM).- El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Rogerio Castro Vázquez, aseguró que si bien la aprobación del sistema estatal anticorrupción es un avance significativo para el estado, este debe ser visto como solo la base de nuevas leyes que eviten que funcionarios públicos y particulares se hagan ricos a costa de los impuestos que pagan los yucatecos.
El legislador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por Yucatán, consideró que las reformas que realizaron los diputados del Congreso local para dar vida al sistema estatal anticorrupción solo fue una armonización de lo efectuado por el Congreso de la Unión.
“Creo que le faltó al Congreso (local) ir más al fondo en el tema en el tema del combate a la corrupción porque sin duda, su trabajo era homologar las leyes para dejarlo como está a nivel nacional, creo que cumplieron con la fecha, era importante hacerlo antes de la fecha marcada, que era el 19 de julio. Lo hicieron en tiempo, pero les falto, aún hay temas pendientes”, señaló.
Apuntó que los legisladores locales no le “entraron” a fondo al tema de la fiscalización de los Ayuntamientos de la entidad, pues es necesario que el sistema estatal anticorrupción esté coordinado con la revisión de las cuentas que rinden la comuna ante la Auditoria Superior del Estado de Yucatán (ASEY).
“Ayudaría mucho que el Congreso del estado hiciera reformas a la ley de gobierno de los municipios, para incluir esa figura de fiscalizar y crear organismos autónomos en los municipios, que le dé facultad a los regidores para crear estos órganos autónomos, porque ahora la fiscalización depende en Mérida de una contraloría que no es independiente y en otros municipios de un síndico que no es independiente”, precisó.
Abundó que si bien la ASEY mantiene cierta autonomía, continúa con un control desde el poder Ejecutivo, sin embargo, espera que con el nuevo titular de ese organismo, Mario Can Marín, se logren avances sustanciales.
“Se eligió a una persona de un grupo empresarial que da un mensaje distinto a lo que se había visto anteriormente, esperemos que actúe de esa forma, sin embargo, hay que darle más fuerza a esa auditoría, que en un momento dado la ASEY pueda entrar a los Ayuntamientos a fiscalizar los recursos públicos, hay casos muy sonados donde la auditoria se ha queda corta, como el caso de Tekax”, dijo.
Manifestó que otro de los pendientes es dotar de mayor autonomía a instancias como la Contraloría General del estad, así como a la Vice Fiscalía Anticorrupción, toda vez que aún no se permite que tengan autonomía técnica y de gestión.
Comentó que es necesario que los diputados locales sean los encargados de nombrar a los contralores de organismos autónomos como la el Instituto de Transparencia, Información y Protección de datos personales (Inaip) de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac).
Finalmente, lamentó que los representantes populares yucatecos no hayan penalizado las acciones de corrupción realizadas por particulares, al dejar la ley como se encuentra a nivel nacional donde solamente se sanciona de manera administrativa a personas físicas o morales que estén involucradas en daños al erario público.
