El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Mérida, Juan José Abraham Dáguer urgió a los diputados definir en tiempo y forma al titular de la Unidad de Fiscalización y al responsable de la Fiscalía Anticorrupción del estado.
Abraham Dáguer señaló que de manera directa, el Consejo Coordinador Empresarial le ha reiterado al Congreso del Estado que los tiempos se terminan y no se han establecido debidamente a los organismos y titulares de estas dependencias encargadas de velar por la transparencia y rendición de cuentas de la función pública.
“Hemos exhortado a los legisladores a establecer cuanto antes a estos funcionarios, que deberán ser en todo momento, personas ajenas a los partidos políticos, al gobierno, para que pueda ejercer sus funciones de manera limpia y responsable de frente a la sociedad”, precisó.
El presidente de la Canaco señaló que la iniciativa privada ha reiterado su determinación de dar seguimiento a estas funciones y que en todo momento el Congreso del Estado de a conocer las ternas de los aspirantes, para que sea de manera pública su escrutinio y se pueda establecer el compromiso de que tendrán acciones corresponsables a las exigencias sociales.
“Hemos pedido hagan una revisión minuciosa de los posibles candidatos a fin de que sean en todo momento personas limpias, con una trayectoria intachable y sin cuestionamiento en su quehacer y responsabilidad”, remarcó.
Precisó que en la academia y las organizaciones no gubernamentales hay personas con la capacidad jurídica y contable capaz de responder por estas encomiendas que deben de ser dadas a conocer cuanto antes y que de esa manera puedan iniciar sus funciones, conociendo y determinando las condiciones del ejercicio de las tareas que se les encomienden.
“Hemos sido enfáticos con los diputados para que sean personas de trayectoria limpia, honestos y en todo momento ciudadanos capaces de aplicar la ley contra quien o quienes estén incumpliendo sus responsabilidades y de la misma forma determine sanciones y requerimientos para establecer un marco legal al ejercicio de las instituciones que deben de dar a conocer el uso de recursos públicos y sus viables beneficios”, remarcó.
