En el marco de la conferencia “Los efectos de la instalación de la comisión
intersecretarial del sistema de justicia para adolescentes”, Raquel Olvera
Rodríguez, Directora General de Prevención y Tratamiento para Menores del
Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la
Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República, resaltó la preparación
que los operadores del sistema en Yucatán realizan para este cambio.
Dijo que en su artículo 77 la ley nacional del sistema integral de justicia
penal para adolescentes que entró en vigor el 16 de junio de 2016 establece que
los poderes Ejecutivo y Judicial se organizarán para establecer una comisión
intersecretarial que incluirá a todas las autoridades corresponsables
establecidas en dicha legislación, tanto a nivel federal como local. En el caso
de los estados serán las Secretarías Generales de Gobierno quienes encabecen
estas comisiones y a nivel federal la Secretaría de Gobernación.
Este artículo transforma toda una forma de ver la atención de esta población
juvenil, con una visión de Estado, aseguró Olvera Rodríguez.
Este evento, realizado en el auditorio del Centro de Instituciones Operadoras
del Sistema Penal Oral y Acusatorio (CIOSPOA) al sur de la ciudad, constituyó
la clausura de las “Mesas de Análisis de los efectos de la operación del
Sistema de Justicia para Adolescentes”, coordinadas por el magistrado
presidente de la sala unitaria de dicho sistema del Tribunal Superior de
Justicia de Yucatán, Magistrado Santiago Altamirano Escalante.
Momentos antes de la conferencia se entregaron constancias a cinco de los 49
participantes que se hicieron acreedores a las mismas por su participación en
dichas mesas que iniciaron desde el pasado 22 de marzo con la participación de
diversas instituciones, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública de
Yucatán, la Fiscalía General del Estado, el Instituto para la Defensa Pública
del Estado de Yucatán, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, el
DIF, la Consejería Jurídica de Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia y el
Consejo de la Judicatura, entre otros.
Nosotros los operadores estamos generando los compromisos e instrumentos
normativos y operativos para una adecuada implementación, reconociendo que esta
labor no se puede seguir realizando de manera aislada, es ahora toda una red
del Estado que de manera coordinada deberá brindar todos los servicios a
nuestra población objetivo, es decir, a los adolescentes que fueron
considerados responsables de la comisión de un delito, lo que representa que la
labor de reinserción y reintegración ya no es una responsabilidad exclusiva de
las autoridades integrantes del sistema de justicia penal, sino una
responsabilidad Estado y esta figura es el medio para hacerla efectiva, apuntó
la funcionaria.
Agregó que los servicios serán proporcionados por áreas especializadas, por
ejemplo la secretaría de salud para el tema de adicciones, ya que se hizo un
levantamiento entre jóvenes privados de la libertad y 98% tenía problemas con
drogas y se hizo un modelo de atención especializada, lo que significa que
todos los jóvenes que entran al sistema su primer paso será pasar por este
proceso para ser atendidos.
Esto nos permitirá trabajar de forma corresponsable con diversas instituciones
para atender los aspectos de educación formal y diversos aprendizajes, deporte
y otros factores y servicios que el Estado proporciona y se van a poner a
servicio de esta población. Las instituciones corresponsables prestarán dichos
servicios obligatoriamente y no de buena voluntad, señaló, lo que incluye
programar recursos especiales para la atención a esta población objetivo que
son los jóvenes en conflicto con la ley.
Dijo que si bien estas comisiones estarán encabezadas por la Secretaría de
Gobernación a nivel federal y por las Secretarías de Gobierno el los estados,
deberán también estar integradas por representantes de las Secretarías de
Desarrollo Social, Economía, Educación, Salud, Trabajo y Conade entre otras, o
sus equivalentes en los estados.
Detalló que dichas comisiones podrán gestionar apoyos del sector público y
privado, establecer las partidas, promover políticas públicas, impulsar
convenios de colaboración con sector público y privado, proponer reformas al
marco legal, fomentar generación de foros académicos, vigilar que los
integrantes actúen de manera corresponsable y atender a los jóvenes que están
bajo medidas no privativas de la libertad, que es la mayor población.
Por su parte, el magistrado Altamirano Escalante apuntó que en las mesas
realizadas en Yucatán se avanzó en dos temas fundamentales, uno de ellos es la
participación de la policía procesal dentro de las audiencias de justicia para
adolescentes y el contar con un mediador especializado dentro de los juzgados
del Poder Judicial.
