Bitácora, por: Pascal Beltrán del Río.
Se ha olvidado de su propósito y funciones para
sumarse a la infantería del gobierno en su guerra contra el INE.
Esta semana se cumplieron tres años desde que Rosario
Piedra Ibarra asumió el cargo de presidenta de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
En ese lapso, el organismo autónomo ha abandonado su
papel de escudo defensor de la ciudadanía frente a la violación de sus
garantías y se ha vuelto un ariete del gobierno de Andrés Manuel López Obrador
para arremeter contra quienes éste percibe como sus adversarios.
Nada lo demuestra con mayor claridad que el pleito que
la CNDH ha emprendido contra el Instituto Nacional Electoral, al que López
Obrador ha convertido en su villano favorito.
Todo comenzó el 28 de octubre pasado, cuando la
Comisión publicó en el Diario Oficial de la Federación su recomendación general
46/2022, en la que dio su apoyo a la transformación del INE, reivindicando el
derecho a la democracia como un derecho humano.
Sin embargo, el Consejo Consultivo de la propia CNDH
criticó a la presidenta del organismo por dirigir la recomendación al INE y con
ello “hacer una serie de interpretaciones políticas” respecto del contenido
original de la recomendación, el cual tenía que ver con hechos ocurridos hace
más de medio siglo, cuando no existían el INE ni los demás organismos
autónomos.
Por su parte, el Instituto recordó a la CNDH que
“tiene una prohibición constitucional expresa para intervenir en temas de
índole electoral”. Y esta semana dio a conocer que presentó una controversia
constitucional, en la que argumentó que la Comisión violó la autonomía del
árbitro electoral.
El INE pidió a la Suprema Corte de Justicia
“reconducir el actuar de la CNDH para que ésta se apegue a su fin
constitucional, respetando las atribuciones de otros órganos constitucionales
autónomos”.
A su vez, la Comisión presentó el 8 de noviembre su
propia controversia constitucional en la que afirma que el INE incurrió en una
“invasión de la esfera de competencia de este organismo nacional”.
En el texto, sostiene que el Instituto intentó
silenciarla “a partir de una interpretación de la ley, que desestima la
facultad de este organismo protector de los derechos humanos, en materia de
protección de los derechos político-electorales del pueblo de México”, así como
mediante declaraciones de su presidente, Lorenzo Córdova, y otros integrantes
de su Consejo General.
Este enfrentamiento resulta inusitado y sólo puede
entenderse a la luz de la andanada contra el INE que se ha lanzado desde el
oficialismo, encabezada por una iniciativa de reforma constitucional que busca
sustituirlo por un organismo disminuido en sus facultades y su autonomía.
Pero no es la primera vez que Rosario Piedra es
utilizada para golpear al INE. Ya en el proceso para nombrar a cuatro nuevos
consejeros electorales, en el primer semestre de 2020 —durante el cual la CNDH
nombró, como es legal, a dos integrantes del Comité Técnico encargado de
proponer las quintetas que fueron sometidas al voto de la Cámara de Diputados—,
la Comisión buscó impedir que los participantes en la selección hubiesen sido
parte del Instituto “en los últimos 14 años” —es decir, desde que se llevó a
cabo la controvertida elección presidencial de 2006—, y quiso otorgarse la
facultad de “vigilar el desempeño” de quienes resultaran elegidos, algo para lo
que no está facultada.
Irreconocible, la CNDH se ha olvidado de su propósito
y funciones para sumarse a la infantería del gobierno en su guerra contra el
INE. Con ello, la ciudadanía no sólo ha perdido un bastión para resguardarse
del abuso de poder, sino que la Comisión se ha vuelto en su contra —como ocurre
en las películas de zombis con aquellos que reciben la fatídica mordida—,
colaborando en los esfuerzos por acabar con la autonomía del órgano electoral.
