Por: Víctor José López Martínez*.
Salvaguardar la integridad y libertad de las y los diputados del Honorable Congreso del estado de Yucatán. Esa fue la razón por la cual, el presidente de la Mesa Directiva en turno, Diputado Enrique Castillo Ruz, apoyado por la mayoría de sus pares, ordenó que se votara en secreto el año pasado, en dos sesiones distintas, iniciativas de reforma de ley tendientes a modificar diversas disposiciones legales vigentes en el estado de Yucatán, a efectos de legislar en favor del matrimonio igualitario.
Por medio de un puñado de arcanos papeles doblados, en los cuales, los legisladores escribieron el sentido de su decisión, las iniciativas de reforma fueron desechadas por mayoría de quince votos, y con ello, quedaron descartadas las posibilidades de que, en nuestro estado, las personas del mismo sexo pudieran, con libertad, unirse en legal matrimonio.
En la lógica del constituyente permanente estatal, haciendo invisible el proceso, se dotaba de condiciones personales a los legisladores para poder votar, sin riesgos y de espaldas a la ciudadanía, por continuar desconociendo derechos humanos elementales a un colectivo, por su identidad y preferencias sexuales; sin asumir los costos políticos que esto implica, más aún, sin someterse a la más elemental fiscalización por parte de la ciudadanía toda.
El pasado 08 de octubre, la Suprema Corte de justicia de la nación, a propuesta de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, resolvió atraer un amparo promovido por un grupo de miembros y representantes de la comunidad LGBT+ en Yucatán, en contra de las ya referidas votaciones secretas del congreso y sus efectos. Mismo, que se encuentra pendiente de resolución y que, de concederse, establecería dos criterios importantes; el primero, con relación a la autodeterminación como medio suficiente para acreditar la pertenencia a este grupo/sector de la población, y el segundo, sobre la inconstitucionalidad de las votaciones ocultas del congreso del estado para reformas de esta naturaleza.
De votarse en sentido positivo este amparo en revisión, los diputados locales de Yucatán, serán obligados por mandato de la corte, a sostener de nueva cuenta la votación de las iniciativas en materia de matrimonio igualitario, desacreditadas en su momento a escondidas. Ahora, con toda publicidad y teniendo que hacerse responsables de su voto, pudiendo incluso, cambiar su sentido. No obstante lo anterior, el proceso ante la corte se encuentra en una etapa inicial, por lo que habrá que esperar algunos meses para conocer su desenlace.
El poder elegir con conocimiento de causa a nuestros representantes, evaluar su actuar público y fiscalizar sus actividades, son principios básicos, sin los que ninguna democracia puede sostenerse, más aún, tratándose de asuntos de vital importancia para nuestra sociedad, como lo son el reconocimiento o desconocimiento de derechos humanos elementales para todos los ciudadanos, como lo es en este caso, la posibilidad de cualquier persona de contraer legal matrimonio y tener certeza jurídica en pareja.
Siendo que el pasado esta por alcanzar a nuestros legisladores estatales, y que la corte, probablemente tome una postura progresista en la interpretación constitucional de su actuar legislativo, creo que hoy, estando por debajo de la espada de Damocles, nuestros diputados se encuentran, involuntariamente frente a la oportunidad histórica, de reconsiderar su actuar público y poder adelantarse a la decisión de nuestro máximo tribunal constitucional, promoviendo un paquete de reformas en el mismo sentido, acudiendo al reclamo legitimo del progreso inevitable de los pueblos, aprobando el matrimonio igualitario en nuestro estado y salvaguardando así, la integridad, la dignidad, la libertad y el derecho a decidir sobre la identidad y preferencias propias de todos los yucatecos.
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*Víctor José López Martínez.
Socio fundador de la firma Sánchez-Labrador y López Martínez S.C.
@victorlopezm
