Sic Sac, por: M.A. Elda clemente reyes
En teoría el fideicomiso público es un contrato por el que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entrega a un banco de desarrollo los recursos que han de conformar el patrimonio por el cual, se cumplan los fines para los que se proporcionaron. En el Presupuesto de Egresos se tiene como ejercido, aunque la actividad se realice después del año o periodo en el que fue presupuestada.
Diputados federales de Morena presentaron un proyecto de ley que busca eliminar 109 fideicomisos federales de los cuales 26 corresponden a ciencia y tecnología, a fin de canalizar esos dineros para afrontar la Pandemia del Covid-19. La iniciativa encontró resistencias en la oposición y no logró la aprobación de la mayoría.
En un principio, este mecanismo fue utilizado como herramienta para detonar áreas especiales de desarrollo, pero existen evidencias que confirman el uso inadecuado de los mismos, las últimas administraciones los usaron indebidamente, con extrema opacidad y en ocasiones el dinero del pueblo se volvía de particulares vinculados en operaciones de dudosa reputación
Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, los calificó como “espacios para actos de corrupción de naturaleza política” y mencionó el caso de la “estafa maestra” con empresas fachada que fueron contratadas por el gobierno en turno, así como la contratación del Aeropuerto en Texcoco, el Tren a Toluca y el Viaducto Bicentenario, donde el rastreo del efectivo es más difícil y puede tener incluso movilidad internacional.
En abril de 2020 el funcionario federal señaló “se extinguirán algunos fideicomisos, debido a que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió 40 recomendaciones, relacionadas con el lavado de dinero”.
Entre los más debatidos se encuentran: FIDECINE, FONDEN, Aduanas 1, Fobaproa, Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Al desaparecerlos el gobierno propone establecer una reorganización de los instrumentos de financiamiento que sustituirán a los fondos y fideicomisos para continuar con el Plan de Desarrollo.
Investigadores, periodistas, deportistas, intelectuales, científicos, y artistas, se han pronunciado en contra de esta iniciativa que se discutirá nuevamente en el pleno de la Cámara de Diputados, la lista podría tener un ajuste de aquellos fideicomisos donde no existan registros de flujos ilícitos de capital.
Sí a consulta popular
Un nuevo capítulo se escribió en la historia de México, con la aprobación de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En las últimas décadas sumaban cuatro intentos fallidos considerados inconstitucionales.
Cuando todo parecía indicar que la Corte se opondría a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, y les pidió “no negar al pueblo su derecho de participación” al grado de amagarlos con la reforma al artículo 35 de la Constitución, si no tomaban en cuenta el sentir de la gente, finalmente a puerta cerrada y por mayoría, los ministros la avalaron modificando el texto de la pregunta, para quedar de la siguiente manera:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Además, no aparecerán los nombres de los cinco expresidentes y se llevará a cabo el próximo 6 de agosto de 2021. Es decir, no habrá un señalamiento directo contra los exmandatarios ni tampoco será el día de las elecciones del próximo año por considerarlo inquisitorio y tendencioso.
Con todo y los cambios al documento original, por primera vez, el Poder Judicial equilibró la balanza, sin que eso signifique ceder poder o dejar de ser un contrapeso como acusan algunos editorialistas y juristas. Con 5 votos en contra, 6 ministros la aprobaron por considerarlo un ejercicio que no viola derechos humanos ni presunción de inocencia.
La consulta popular es un triunfo del presidente, sobre todo es el triunfo del pueblo, que con más de 2 millones de firmas expresaron su hartazgo y su encono contra los últimos expresidentes más controvertidos y desprestigiados.
