Editorial La Revista Peninsular
A principios de semana, el presidente interino de
Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, difundió un documento denominado “El Bienestar
Social y la Lucha Contra la Desigualdad” en el que expuso cinco cambios
concretos al sistema jurídico del país para establecer la base de un periodo de
cambios estructurarles enfocados en el concepto de “Estado de Bienestar”. La
propuesta de Ramírez Cuéllar fue rechazada por todos los sectores del país, sin
excepción alguna; incluso los liderazgos más fuertes de su partido expresaron
estar en contra, como lo hicieron los líderes de las bancadas de Morena en las
Cámaras legislativas federales, Ricardo Monreal y Mario Delgado, o el mismo
titular del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.
La razón por la que hubo una marcada aversión al
documento, fue porque una de las propuestas era que el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) tuviese la facultad de revisar la riqueza de
los ciudadanos, sin impedimento alguno. Se difundió la idea de que los
representantes del INEGI entrarían personalmente a las casas a inventariar la
riqueza de las personas, lo que causó gran indignación entre los distintos
sectores del país.
El titular de Morena no tardó en aclarar que su
propuesta había sido sacada de contexto, y que se refería a que el INEGI
estaría facultado para indagar la información con la que cuenta la Secretaría
de Hacienda de los mexicanos; sin embargo, es necesario mencionar que no es
sorpresa que se haya interpretado que
los representantes del INEGI se apersonarían a los hogares de las personas,
pues la misma redacción del documento expresa que “el INEGI debe entrar, sin
ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de
todas las personas”, lo que evidentemente alude a inspecciones domiciliarias.
Independientemente de si el texto pretende facultar al
INEGI a ingresar a las casas de los mexicanos, o no, la propuesta es inviable
porque atenta contra la naturaleza estadística del INEGI, al dotarlo de
facultades de fiscalización. Además, es inconstitucional pues va en contra del
artículo dieciséis de nuestra Carta Magna, que establece que nadie puede ser
molestado en su domicilio ni en sus posesiones, y que los datos personales de todos los
mexicanos deben ser protegidos.
Sobre éste último punto, el documento también
contempla modificar la Constitución para incluir el concepto de “Estado de
Bienestar” con lo que, según el titular de Morena, se establecerían los
sistemas para garantizar los derechos de las personas. Esto ya está contemplado
en la Constitución bajo otros preceptos, por lo que podemos interpretar que la
propuesta pretende incorporar el discurso dogmático del presidente para tener
legitimidad ante el mismo, pero la reforma también abriría una oportunidad para
incluir alguna excepción al artículo dieciséis constitucional respecto a actos
realizados por el INEGI.
Otra de las propuestas presentadas en el documento era
incluir el principio de “Progresividad Fiscal” en el sistema recaudatorio del
país. Éste concepto implica que quienes tienen más dinero deben pagar más
impuestos que las personas que tienen menos. La idea no es nada mala, pues
tiene un sólido fundamento ideológico y sistémico, pero peca de no ser
congruente con el discurso del Presidente, quien ha asegurado en múltiples
ocasiones que no crearía más impuestos.
De igual manera, otro factor que tiene en contra el
concepto de “Progresividad Fiscal” es que en el último año, tanto el sector empresarial como la sociedad en general, han expresado su
inconformidad por la manera en que el gobierno federal hace uso de los
impuestos de los mexicanos. La ciudadanía no está a favor que sus
contribuciones se utilicen para financiar proyectos sin futuro como Dos Bocas o
el Tren Maya, para pagar las indemnizaciones a inversionistas por la
cancelación de proyectos como el Aeropuerto de Texcoco, o para sostener
programas paternalistas de entrega de becas.
Seguramente Ramírez Cuéllar previó esto, pues otra de
sus propuestas era instaurar un Consejo Fiscal, dependiente del Congreso de la
Unión, para evaluar la manera en que el Estado Mexicano hace uso del recurso
público. Es una acción que podría ser adecuada, pero después de ver el reciente
atraco que la Secretaría de Energía realizó en el Centro Nacional de Control de
Energía para impedir la proliferación de energías limpias, queda en tela de
juicio la disposición que tenga la Cuarta Transformación de respetar la
independencia de los órganos de control.
Finalmente, la última propuesta de Morena fue
fortalecer a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFESE) para
facultarla a vigilar el impacto de la Iniciativa Privada en la desigualdad
económica del país, y permitirle crear políticas de control de mercado para
garantizar el acceso a bienes. Una vez más la realidad actual genera dudas
sobre la propuesta, después de ver la postura que ha demostrado el gobierno
federal en contra del sector empresarial y los inversionistas extranjeros, por
lo que fortalecer en ese sentido a la COFESE generaría mayor incertidumbre en
los mercados, lo cual afectaría
negativamente el crecimiento económico del país.
El COVID-19 nos exige unidad nacional para salir
adelante, por lo que una propuesta que divide a la sociedad naturalmente sería
mal recibida. Políticos, empresarios, y líderes sociales, coincidieron en que
ahora no son tiempos para ponderar en estos temas, sino para enfocar todos los
esfuerzos a resolver la crisis de salud que tenemos encima, y los problemas que
conlleva. Éste movimiento político de Ramírez Cuéllar parece haber sido un
error hasta el momento pues incluso dividió a su mismo partido internamente,
pero debido a la persistencia que ha demostrado sobre el tema, tal vez pueda
capitalizar más adelante.
