Editorial La Revista Peninsular.
Nuestro presidente no
tiene ningún interés en respetar la autonomía de los poderes de gobierno ni de
los órganos constitucionales. Desde que inició el sexenio, la búsqueda por
dominar los tres poderes fue clara; el poder legislativo lo tenía amarrado con
mayoría en ambas Cámaras, pero el poder judicial parecía una batalla más
complicada.
Parecía más complicada
porque no había manera sutil de inmiscuirse en éste poder, a diferencia del
legislativo, donde fue mediante el voto popular y coaliciones. Esto no le
importó al presidente, y sabiendo que contaba con una popularidad que le
permitiría absorber el golpe, en marzo se nombró a Yasmín Esquivel Mossa como
ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con este nombramiento, el
presidente López Obrador consolidó su victoria sobre el poder judicial, ya que
la ministra Esquivel Mossa es esposa de José María Riobóo, asesor del
presidente y de los principales encargados del proyecto del nuevo aeropuerto
internacional.
Muchos pecamos de
ingenuos y pensamos que el hambre de poder de Andrés Manuel se había saciado,
pero postró su vista sobre los órganos autónomos constitucionales. Estos
institutos son los que crea nuestra Constitución para ejercer alguna tarea en
específico, que por lo delicada de ésta es necesario que sean independientes
del gobierno para que haya mayor certeza sobre el trabajo que desempeñan.
Así, nuestro presidente
sometió a la Comisión Reguladora de Energía en un bochornoso proceso en el que
presentó una terna a los legisladores, estos le rechazaron todos los candidatos
por no estar capacitados para el puesto, y luego el presidente presentó la
misma terna a sabiendas que si se la volvían a rechazar, él elegiría a quien le
plazca.
Al Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación no lo sometió, lo destruyó.
El último desplante de
Obrador contra los organismos autónomos fue la toma de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos hace unos días. Fue un triste episodio para la democracia
mexicana, ya que los legisladores de Morena, bajo instrucciones de Andrés
Manuel, faltaron a toda legalidad invistiendo como ombudsperson a Rosario
Piedra, quien no contaba con los votos para ser aprobada, ni cumple con las
características que estipula la ley para ocupar la titularidad de la CNDH.
Una vez sometida la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, sigue la joya de la corona, el Instituto
Nacional Electoral. Esta sería la nueva gran victoria de López Obrador de cara
a las siguientes elecciones, porque le permitiría afianzar el siguiente
proceso.
Ya no podemos pensar con
ingenuidad. El presidente López Obrador ha demostrado su interés por controlar
los órganos autónomos y usarlos a su favor múltiples veces. Decir que usaría su
poder sobre el INE en los próximos comicios no es una exageración, sino un
pronóstico fundamentado en su actuar durante la actual administración. Suenan
recortes de presupuesto, reducción de consejeros, y hasta la destitución del
titular Lorenzo Córdova.
Ante lo planteado me
surgen dos preguntas.
Si fueron capaces de
violentar plenamente la ley para imponer a Rosario Piedra en la CNDH, ¿de qué
más son capaces?
Y viendo la reacción de
los mexicanos, ¿qué más vamos a aguantar?
