Por
Joel Salas Suárez
Para actuar con
éxito es necesario planificar; para planificar, contar con información. Esta es
la razón de ser de los censos gubernamentales, como el Censo del Bienestar que
mandó levantar el Gobierno federal. Su objetivo es recopilar información para
crear un padrón de beneficiarios para tres programas sociales prioritarios y
dirigidos a atender población vulnerable: Programa de Becas Benito Juárez,
Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Programa para el
Bienestar de Personas con Discapacidad. El Gobierno federal actual identificó
que los censos para programas sociales heredados de administraciones anteriores
no le eran confiables, por lo que decidió levantar este censo. Comenzó incluso
antes del inicio de funciones del 1° de diciembre de 2018.
Existen
señalamientos sobre distintas áreas de oportunidad en el diseño y levantamiento
de este Censo. Falta certeza sobre su fecha de inicio y conclusión, el perfil
de los encuestadores, las fechas de llegada de los encuestadores a los hogares,
la metodología con que fue diseñado y la protección de los datos personales recabados.
Ante las dudas surgen las sospechas. Algunas personas interesados han solicitado
información al respecto a las autoridades competentes y han recurrido al INAI
cuando consideran que no reciben respuestas satisfactorias. Como ejemplo están
las resoluciones a los recursos de revisión RRA 4163/19 y RRA 4952/19 contra la Secretaría
de Bienestar. En ellos el INAI ordenó entregar información metodológica y de
avance del Censo del Bienestar que podría responder a los cuestionamientos
anteriores.
Es importante
hacer pública esta información porque ayudaría a disipar las suspicacias y
rendir cuentas de los resultados obtenidos con el Censo a favor de la política social
del Gobierno federal. Si el Censo fue diseñado e implementado correctamente,
entonces será instrumento útil para gestionar los tres programas sociales
prioritarios ya mencionados. Ayudaría a controlar la focalización, la
administración de los recursos asignados y los resultados esperados, condiciones
para eliminar falencias de la política social federal reconocida por la propia
titular de la Secretaría de Bienestar: duplicaciones en los padrones de
programas sociales, sendos aparatos burocráticos que implicaban gastos
administrativos mayores, espacios abiertos a la corrupción dada la existencia
de intermediarios y uso clientelar de los programas.
El Censo del
Bienestar podría ser el paso previo a la construcción de un padrón único de
beneficiarios de programas sociales federales que, según el CONEVAL y
organizaciones de la sociedad civil especializadas, sería un registro accesible
y transparente de toda la población potencial de programas sociales y la puerta
obligatoria de ingreso y asignación a ellos. De este modo, habría mejor
seguimiento y control sobre el gasto en desarrollo social y se identificarían
duplicidades y complementariedades entre programas -actualmente suman casi 7
mil programas entre todos los niveles de gobierno-.
En resumen, la
información pública puede ayudar a verificar que el Censo del Bienestar: a) es
un instrumento de gestión pertinente y adecuado para implementar los programas
sociales federales prioritarios; b) identifica realmente a las poblaciones
vulnerables que se pretende apoyar; c) fue blindado para prevenir su uso con
fines clientelistas o electoreros. El Gobierno federal debería tomar en cuenta
que, al proveer información pública sobre el Censo de Bienestar demuestra su
compromiso con solucionar de raíz que los programas sociales lleguen por fin a
quienes más los necesitan y que la vulnerabilidad y la pobreza ya no sean
botines políticos nunca más. La discusión técnica no es menor. Los problemas
públicos más sentidos necesitan soluciones pragmáticas, pero bien planificadas
y calculadas.
